Algo en Común El diario de Rosario
La magistrada aseguró que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, y criticó la falta de información proporcionada por las fuerzas de seguridad.
La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Contravencional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, defendió este jueves su decisión de liberar a las 114 personas detenidas durante los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados y simpatizantes de clubes de fútbol hacia el Congreso el pasado miércoles. La magistrada aseguró que su fallo se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional, y rechazó las críticas del Gobierno, que acusó su resolución de favorecer la impunidad.
«Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución», afirmó Andrade en diálogo con un medio porteño. La jueza destacó que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre los motivos de las detenciones, lo que dificultó un control judicial efectivo. «No se cumplían los requisitos básicos de información al juez. No había detalles concretos, solo frases genéricas como ‘misma situación’ o ‘mismo lugar'», explicó.
Andrade también citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un «derecho baluarte del sistema democrático», y subrayó que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados. «Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos», agregó.
El fallo de la jueza generó un fuerte debate político, con críticas tanto del Gobierno nacional como de la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos cuestionaron su accionar y amenazaron con investigar su conducta ante el Consejo de la Magistratura. Frente a estas acusaciones, Andrade evitó responder directamente pero advirtió: «Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces».
Además, la magistrada negó tener afiliaciones políticas para despejar dudas sobre su independencia. «Mi afiliación es sindical y pertenezco a asociaciones judiciales. No milito en ningún partido político ni agrupación», afirmó, reforzando su perfil como jueza técnica y alejada de adscripciones partidarias.
Los incidentes ocurridos durante la marcha del miércoles dejaron un saldo de 124 detenidos y 20 heridos, entre ellos el reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Si bien el Gobierno insistió en que la movilización estuvo protagonizada por barras bravas, la Justicia y periodistas especializados cuestionaron esta versión por falta de pruebas.
En este contexto, la decisión de Andrade de liberar a los detenidos puso en evidencia las tensiones entre la protección de derechos constitucionales y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno. La jueza concluyó: «Mi rol es garantizar que se respeten los derechos fundamentales, y eso es lo que hice».
