Algo en Común El diario de Rosario
La central gremial criticó fuertemente los términos discriminatorios hacia personas con discapacidad y el nombramiento de jueces sin aval del Senado.
La Intersindical Rosario expresó su enérgico repudio a dos recientes decretos emitidos por el Gobierno Nacional que han generado polémica en diversos sectores de la sociedad.
En primer lugar, la central gremial rechazó el decreto que clasifica a las personas con discapacidad utilizando términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental», calificándolos como «retroceso alarmante» en los derechos humanos. La Intersindical calificó estos términos como inaceptables, recordando que remiten a clasificaciones arcaicas que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia las personas con discapacidad.
En su comunicado, los gremios expresaron que estos términos «son un retroceso en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación». Además, denunciaron que la utilización de este tipo de lenguaje no solo agravia a las personas con discapacidad, sino que también constituye una forma de persecución a aquellos que no comparten la ideología del Gobierno. «Consideramos que es un acto de violencia institucional sin precedentes que debe ser explicado y rectificado», sostuvieron.
Por otro lado, la Intersindical también mostró su rechazo al nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte Suprema por decreto presidencial, sin pasar por el Senado.
Esta decisión fue calificada como un «retroceso institucional» que afecta la independencia del Poder Judicial.
La central gremial recordó que en el pasado, durante el gobierno de Mauricio Macri, también se intentó un procedimiento similar, lo cual fue rechazado por la sociedad y las instituciones democráticas.
En su comunicado, la Intersindical afirmó que la maniobra busca debilitar el sistema de separación de poderes, colocando jueces que favorezcan al gobierno y que puedan influir en futuras decisiones judiciales.
Además, acusaron al Gobierno de desviar la atención pública de un escándalo relacionado con una «estafa millonaria», buscando saturar la agenda política y evitar el debate sobre los temas realmente importantes.
Finalmente, los gremios locales reafirmaron su compromiso de continuar denunciando estos actos «aberrantes y vergonzosos» y exigieron un Estado presente que respete y promueva la igualdad de todas las personas en Argentina.
