La Defensora Provincial de Santa Fe, Dra. Jaquelina Ana Balangione, presentó ante la Legislatura el Informe Anual del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- de acuerdo a lo establecido en el inciso 11 del artículo 21 de la Ley 13.014. El encuentro sirvió como base para sintetizar las acciones desplegadas por la Defensa Pública durante el período 2017 – 2021, conjuntamente con la ejecución del presupuesto fijado para el año 2021.
Participaron de la actividad el Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías; las Diputadas/os Jimena Senn, Lionella Cattalini, Matilde Bruera, Agustina Donnet, Clara García, Mónica Peralta, Silvana Di Stéfano, Juan Cruz Cándido, Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver, Esteban Lenci, Gabriel Real, Ricardo Olivera, ; y el Senador por el Departamento General López, Lisandro Enrico.
En un primer punto, la Defensora Provincial explicó las principales características del organismo que lidera, la impronta y organización de su gestión y la misión institucional haciendo mención a las diversas fuentes normativas que le dan origen. Asimismo, hizo hincapié en los límites del accionar del organismo producto de la estricta restricción a lo específicamente penal, abogando para que en un futuro se establezca un sistema de defensa integral que garantice el acceso a justicia por parte de toda la ciudadanía, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Ante el nutrido grupo de legisladoras/es, la titular del SPPDP se refirió a la preocupante situación estructural de los espacios de detención del territorio santafesino. Así también, detalló las conclusiones del “Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos” correspondiente al período 2021. Vale remarcar que ambas cuestiones son ejes principales de acción de la Defensoría Provincial, donde se fortalecieron herramientas y crearon programas a tales fines.
Respecto al primero de los puntos, señaló que la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes se encuentra considerablemente en aumento. De esta manera, detalló que hubo un incremento de la población encarcelada en el orden del 47% tomando en cuenta el período 2017 – 2021.
Desde el año 2017, período en que inició la gestión de la Dra. Balangione, la cantidad de alojadas/os se incrementó superando la capacidad de alojamiento declarada por el Servicio Penitenciario. Siguiendo el período analizado por la Defensora, el aumento de internas/os se mantuvo en aumento a través de los años, alcanzando al día de ayer un exceso sobre el cupo de 1793 de personas privadas de su libertad sin tomar en cuenta las personas alojadas en ámbitos policiales.
Por su lado, los centros de detención policiales presentaron una marcada tendencia al descenso hasta el 2017, e incrementándose notoriamente desde 2019 en adelante, alcanzando el pico máximo en el 2021. Este fenómeno tiene su epicentro en las comisarías de la Unidad Regional I de la ciudad de Santa Fe, donde al día de la fecha hay 326 personas detenidas cuando la cantidad de plazas disponibles es de 122. No obstante, la Dra. Balangione reconoció las gestiones de hace algunos años que implicaron el vaciamiento de internas/os en comisarías en Rosario, y en particular la construcción del ORDER, en comparación con la grave situación actual que se visibiliza en las comisarías de Santa Fe.
Al respecto, también hizo hincapié en que la superpoblación conlleva niveles de hacinamiento que generan condiciones indignas de habitabilidad en estos espacios de detención. Principalmente detalló que la problemática repercute fuertemente en la provisión de alimentos de calidad, el acceso a salud y educación de internas/os, acceso a bienes materiales, entre otros. Vale remarcar que ayer la Defensora Provincial junto a Diputadas/os provinciales la Unidad Penitenciaria realizó una inspección no anunciada Nº 2 -Las Flores-, donde constataron las sistemáticas falencias del penal. Esto además ofició como un botón de muestra acerca del estado de situación en que se encuentran los espacios de detención santafesinos, cuestión que la Defensora Provincial remarcó enfáticamente al impactar sobre la expectativa de resocialización de quienes habitan en esos espacios.
Por otra parte, la Dra. Balangione señaló que desde el año 2017 hasta el año 2021 se registraron un total de 3.101 víctimas de Violencia Institucional. Estas, a su vez, comunicaron y en algunos casos denunciaron un total de 5.601 malos tratos, torturas, abusos y otras afectaciones a los Derechos Humanos.
El Informe presentado también indica que se registraron un total de 66 muertes en contextos de encierro entre el año 2021 y 2022, de las cuales 52 ocurrieron en espacios del Servicio Penitenciario y 14 en dependencias policiales. En relación a las edades de las víctimas fatales el promedio es 37 años, y el 50% de los fallecidos tenía menos de 32 años, siendo el mínimo de edad registrado 15 y el máximo 74 años. Con respecto a estos números es necesario recordar que en marzo del año 2020 ocurrieron los motines en las cárceles de Coronda y La Flores que trajeron como consecuencia 6 muertes.
Las/os legisladoras/es escucharon atentamente el análisis de la situación efectuado por la titular de la Defensa Pública, se interesaron por el informe global de la Dra. Balangione y se comprometieron a acompañar a través sus espacios institucionales las acciones del SPPDP. Asimismo, remarcaron la necesidad de debatir un nuevo proyecto de Defensa integral, necesario e indispensable para el fortalecimiento de la institución en el ámbito provincial.