Cuando aún se espera que se fije fecha de inicio para el juicio oral y público de la causa por delitos de lesa humanidad conocida como “Villazo”, el juez Germán Sutter Schneider autorizó a la imputada Carmen Amanda Grossolin, ex policía federal, a salir del país para vacacionar en México.
Desde la CTA Autónoma provincia de Santa Fe apoyamos el recurso presentado por las querellas en rechazo de esa autorización. Se trata de una medida arbitraria, ya que la imputada está acusada por 23 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y recientemente se sumaron tres hechos nuevos, entre ellos el delito de asociación ilícita. En 2019 se le había dictado una orden de prohibición para salir del país, medida que el juez está burlando y dejando sin efecto.
El permiso, además, fue hecho sin respetar procedimientos legales, como la notificación al Ministerio Público Fiscal y a los querellantes. Queda a la vista la connivencia entre el Poder Judicial y los genocidas, que continúa aun cuando nuestra democracia está próxima a cumplir 40 años.
Repudiamos este accionar del juez Sutter Schneider, ya que pone en riesgo la realización del juicio oral ante la posible fuga de una de las imputadas. Esta decisión se convierte en una burla a los familiares y querellantes que bregan y siguen esperando por justicia luego de más de 48 años. Un acto más que se suma a toda la burocracia judicial que soportan y que sigue posponiendo el inicio del juicio oral, tan esperado por toda la comunidad villense.
Una vez más, acompañamos a sobrevivientes y familiares, exigimos el pronto inicio del juicio oral, rechazamos la concesión de beneficios a los imputados y seguiremos luchando por que lleguen las merecidas condenas a los autores intelectuales y materiales del último genocidio cometido contra el pueblo argentino.