Algo en Común El diario de Rosario
Al salario lo fijan las necesidades de los trabajadores y sus familias.
La propuesta salarial del Gobierno provincial de Omar Perotti a los estatales, docentes y municipales es inaceptable, como ya lo han manifestado masivamente la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de todos los rincones de la provincia y lo dicen las justas medidas de fuerzas dispuestas para la semana que se inicia. Las organizaciones gremiales y delegados/as de base que realizaron consultas y votaciones dan cuenta de esta realidad innegable.
La aceptación por parte de Jorge Molina de UPCN y Jorge Hoffmann de la conducción provincial de ATE van a contramano de la mayoría de los afiliados de ambas organizaciones y responde a compromisos asumidos por estos dirigentes, que nada tienen que ver con los intereses de las trabajadoras y los trabajadores del sector que dicen representar.
Lo ofrecido por el gobierno para el mes de marzo apenas cubre la pérdida salarial de los últimos dos años y no contempla ni siquiera la proyección de la inflación de los primeros seis meses de este año. Además, condena al pago en cuotas hacia la finalización del año de un supuesto aumento que consolida la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de quienes han sostenido las políticas públicas durante los momentos mas críticos de la pandemia.
Mientras, nada menos que el Banco Central de la República Argentina publica el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), donde anuncia una inflación superior al 48% (hasta un 54%) para el 2021. En tanto, la Canasta de Consumos Mínimos para una familia integrada por dos adultos y dos menores escolarizados supera los $85mil. Frente a esos datos, se pretende imponer el cierre del debate salarial con la firma de quienes le hacen de felpudo a las políticas de ajustes oficiales. Carecen de autoridad gremial y ética para reclamar confianza en la supuesta «Cláusula de Revisión en octubre» quienes en medio de la crisis sanitaria firmaron el 0% de aumento, pactaron sumas por fuera de la legislación laboral, desfinanciando al IAPOS y la Caja de Jubilación, mientras trascendían escandalosas facturas cobradas al IAPOS, convirtiendo a una entidad gremial en prestanombre de uno de los grupos económicos dedicados al negocio de la salud.
Paros, movilizaciones, protestas, asambleas y plenarios marcarán el inicio de esta segunda quincena de marzo y en la medida que el gobierno insista con aplicar la lógica de los ‘90, del ajuste y la descalificación de los justos y urgentes reclamos, se multiplicarán en toda la provincia estas medidas y acciones con y sin respaldo de los principales dirigentes gremiales.
Como ya lo hemos planteado «Ningún dirigente recibe mandato para pelear por medio salario o tres cuartas partes de un salario, lo mismo para jubilaciones, asignaciones familiares y las condiciones de trabajo dignas, erradicando la precarización, la tercerización y el fraude laboral. Y así como unos traicionan o desnaturalizan mandatos y representaciones hay quienes ejercen desde la conducción o desde las bases el derecho a protesta.
Quienes descalifican las medidas de fuerza parecen no entender que es mil veces mas legal, justa, legítima, democrática, republicana, representativa, federal, urgente, necesaria y CONSTITUCIONAL la huelga (artículo 14Bis de la Constitución Nacional) que todas las medidas tendientes a perpetuar un modelo económico que condena a más de la mitad de las familias de la clase trabajadora de la provincia a sobrevivir por debajo de la línea de pobreza e indigencia mientras una minoría se enriquece saqueando nuestra riqueza.
