El diputado provincial Jorge Henn propone crear cuatro “Fiscalías Ambientales” que funcionarán bajo la órbita de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia. Estarán distribuidas territorialmente en Norte, Centro y dos en el Sur.
El proyecto fue presentado por el legislador radical en la sesión del jueves 21 de noviembre y aspira a ser una herramienta que incentive o castigue conductas ambientalmente nocivas a la naturaleza dentro de la provincia.
En este sentido, el legislador explicó: “Todos queremos que los ríos, suelos, así como el aire que respiramos estén en las mejores condiciones posibles. Para ello, además de políticas públicas también se necesita un área específica en la Justicia que investigue los posibles delitos ambientales y castigue a los culpables”.
“Para comprender la importancia de la creación de estas Fiscalías, basta con tener en cuenta lo que ocurrió recientemente con la mortandad de peces en zonas de la cuenca del Río Carcarañá o del Paraná y que provocó preocupación porque perjudica el ecosistema acuático y atenta contra la biodiversidad” explicó el legislador.
Funciones específicas
Las Fiscalías Ambientales podrán solicitar informes, recibir denuncias, abrir investigaciones civiles-ambientales, litigar en causas relacionadas a bienes ambientales y velar por el efectivo cumplimiento de las sentencias emitidas en procesos donde estén en juego derechos del medioambiente, entre otros.
“Estamos proponiendo una herramienta que atiende una discusión que se está dando a nivel mundial” comentó el exvicegobernador y continuó: “Hace 2 años científicos del Conicet y UNL detectaron que en la Laguna Setubal había un promedio de 96 botellas por kilómetro y 700 fragmentos de plástico diminutos por metro cuadrado, lo que significa una de las mayores concentraciones de basura en aguas continentales del mundo”.
Dar un paso más
En junio de este año, la Corte Suprema junto al Ministerio Público de la Acusación, firmaron un convenio de trabajo para investigar este tipo de delitos ya que ingresaban las denuncias y quedaban sin atenderse por no haber fiscales especializados en la temática.
“Si bien el convenio viene a solucionar la problemática urgente, necesitamos que esto se convierta en Ley y para garantizar que perdure en el tiempo. Tenemos que velar por la protección de nuestra tierra, suelo, aire y subsuelo para las generaciones futuras” completó Henn.
Asistencia profesional
La normativa prevé la creación de un Cuerpo de Investigación Científica que prestará servicios para las cuatro Fiscalías Ambientales. Este cuerpo tendrá como función asistir a los Fiscales en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin y colaborando en la producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección del ambiente.
El cuerpo de investigación científica estará compuesto por tres ingenieros ambientales, un ingeniero o licenciado en química y/o un bioquímico o un médico especialista en toxicología.