Algo en Común El diario de Rosario
El organismo advirtió que las intromisiones del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales atentan contra la división de poderes y el Estado de derecho. el artículo 109 de la Constitución Nacional dice: «En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas».
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió al cruce de las críticas del Poder Ejecutivo Nacional hacia la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de personas detenidas durante una protesta de jubilados frente al Congreso. El organismo defendió la independencia judicial y rechazó la utilización del juicio político como mecanismo para cuestionar decisiones judiciales, calificándolo como una grave intromisión en la autonomía del Poder Judicial
La jueza Andrade, a cargo del Juzgado N°15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió liberar a los manifestantes al considerar que las detenciones afectaron «derechos constitucionales fundamentales». En su fallo, destacó que las protestas eran «el ejercicio de la libertad de expresión de uno de los sectores más vulnerables del país, los adultos mayores».
Sin embargo, el Gobierno nacional cuestionó duramente la decisión. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresaron su desacuerdo públicamente. Cúneo Libarona anunció que denunciará a la jueza ante el Consejo de la Magistratura porteño por «incumplimiento de sus funciones», mientras que Bullrich afirmó que el Gobierno actuará «en contra de esta jueza que ha decidido liberar violentos».
Frente a estas declaraciones, la Junta Federal de Cortes emitió un comunicado en el que reafirmó que la independencia judicial, consagrada en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, es un pilar fundamental del sistema democrático. “Garantizar a los jueces la exclusión de ser juzgados por el contenido de sus sentencias, cuando el ordenamiento jurídico prevé vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios republicanos, la división de poderes y el debido proceso”, señaló el organismo.
Además, la Junta Federal subrayó que la estabilidad, autonomía e independencia de los jueces son esenciales para asegurar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. “La independencia del Poder Judicial no es un privilegio para los jueces, sino una garantía institucional establecida en beneficio de los ciudadanos”, remarcó.
El organismo también hizo referencia a los artículos 18, 109 y 110 de la Constitución Nacional, que consagran la independencia del Poder Judicial, y enfatizó que estos principios deben interpretarse en consonancia con los Pactos Internacionales. En este sentido, reiteró su compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortó a que el debate sobre las resoluciones judiciales se mantenga dentro de los marcos institucionales establecidos por la normativa vigente.
