Algo en Común El diario de Rosario
El funcionario, Guillermo Francos habló de negociados en el otorgamiento de pensiones y como respuesta desnudaron la campaña de desacreditación hacia el sector. Instituciones que brindan servicios y están nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad salieron al cruce sobre sus declaraciones.
“¿Por qué tanto interés en dar pensiones a la gente? … Ahí se detectó que hay centros de atención a la discapacidad que perciben, por cada discapacitado que atienden, una suma que supera el millón de pesos mensuales por cada persona que atienden”, dijo en uno de los párrafos el jefe de gabinete en la entrevista.
Asimismo, señaló que “se tomó una muestra en una provincia determinada que tenía 15 institutos que atendían a los discapacitados. De esos 15 había dos que tenían el 50% de las cápitas. ¿Cómo era el mecanismo?
Aparentemente, todo esto va a estar sujeto a una investigación, pero está claro que hay una situación irregular.”, lanzó públicamente Francos y desarrolló el tema agregando que “ el mecanismo es llamar a la persona que tiene la pensión y le dicen: “vos vas a seguir cobrando la pensión, pero tenés que firmar que estás acá atendiéndote mensualmente aunque no te atiendas”.
Agregó, porque, obviamente, no tenía una discapacidad, y la persona con tal de recibir la pensión firmaba y pasaban la factura de la gente que se atendía por discapacidad cobrando un millón, un poco más de un millón de pesos mensuales”. “Vos te das cuenta la magnitud del negocio, porque no es solamente el monto de la pensión, que es la décima parte de lo que se paga por la atención”, vociferó Francos frente a su entrevistado.
Desde el Foro respondieron a tales acusaciones: “Dado que se cuestiona negativamente a las personas con discapacidad y a las instituciones que brindan servicios, queremos hacer algunas consideraciones y explicar cómo funciona este sistema. Primero, las instituciones que brindan servicios no tienen nada que ver con el trámite y la entrega de las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad”, indicó en primera instancia el comunicado.
Asimismo agregó: “Es en la Anses donde se inicia el pedido de pensión y con los requisitos solicitados presentados este organismo evalúa si corresponde su entrega. La persona sabe que quien le dio la pensión fue la Anses y no la institución que va a brindar una prestación”.
Además, “para que una persona con una pensión sea atendida en una institución que da servicio, la prestación debe ser autorizada por Incluir Salud, que es el Programa Federal de Salud para los pensionados. Si este organismo no da la orden de atención el prestador no puede exigir que se le pague”, explicaron.
Por lo tanto, “cómo van a poder arreglar con la persona o su familia quedarse con el valor de la prestación si quien da la orden es dicho organismo, salvo que también haya un arreglo con algún funcionario para dar atención a quien no le corresponde o no se audite qué sucede con la atención autorizada”, le retrucaron a Francos desde el Foro de Discapacidad.
Además, el Jefe de Gabinete dice, que las prestaciones brindadas a las personas con discapacidad son superiores al millón de pesos. “Está mal informado”, indicó el comunicado y agregó: “En los aranceles correspondientes al mes de mayo de 2024 solamente los hogares con otras prestaciones y servicios de internación para rehabilitación, que no suelen ser servicios que abunden en el país, superaron ese valor y todas las demás estaban bastante por debajo de esta cifra (escuelas, centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión educativa, prestaciones de apoyo)”.
“Francos habla de cápita; el sistema de prestaciones básicas no se maneja por cápita, sino por prestación realmente dada”, indicó el Foro.
Asimismo, Francos asegura de 15 instituciones, 2 tenían el 50% de las personas que necesitaban atención. Esta afirmación, “a nuestro parecer, está queriendo dar a entender que había una derivación exagerada a la misma. Decir 2 de 15 instituciones no dice nada, porque habría que ver de qué tipo se habla ya que no todas dan las mismas prestaciones.”, explicaron desde el Foro Permanente de Discapacidad y le aconsejaron: “Tendría que ser más claro”.
En ese sentido, el espacio aportó un ejemplo: “si son dos escuelas y la población está en edad escolar puede ser que haya dos que tengan el 50% y quizás más del total de las personas. Son muchas las prestaciones y muy diversas las necesidades de la gente. Esta afirmación, que busca llevar a la población que desconoce generalmente la realidad de las prestaciones brindadas a las personas con discapacidad a pensar que hay un negocio de algunos, es errónea”.
“Lamentamos que un jefe de Gabinete de ministros realice una denuncia pública con tantos errores. Declaraciones de este tipo buscan solamente instalar en la población que en el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad y en su atención hay corrupción y negociados. No pudo dar datos con toda claridad y simplemente hubo afirmaciones vagas referidas a futuras investigaciones. Creemos que dada la seriedad de la denuncia primero tendría que haber concretado la investigación -antes que salir a hablar- y luego con todos los elementos comprobados hacer conocer esa realidad a la población argentina”, completó el Foro.
También desde la provincia de Santa Fe le respondieron a Francos. Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) dijo: “el funcionario realiza una denuncia muy seria con relación al otorgamiento de pensiones y al funcionamiento de instituciones que alojan a personas con discapacidad sin aportar ningún tipo de pruebas, ni datos precisos”.
Además, no conoce el nombre de la agencia nacional de Discapacidad y lejos de informar desinforma, ya que las instituciones que supuestamente lucran con las pensiones no reciben ninguna cápita, no existen cápitas sino que todas las prestaciones pasan por procesos de auditoría y no son otorgadas por las instituciones sino por el Anses”, replicó Chapero.
Por último, la presidenta de Apridis indicó que, “genera gran preocupación que un funcionario de semejante jerarquía lleve adelante una campaña de desacreditación hacia las personas con discapacidad y hacia los prestadores del sector, nos preguntamos si en lugar de trabajar para desacreditar el trabajo y la necesidades que tiene este sector, no pueden realmente trabajar para realizar propuestas porque estamos aun esperando saber cuales son las propuestas concretas que este gobierno va a tener para restituir los derechos vulnerados de las personas con discapcidad”, concluyó.
