En un importante operativo conjunto, las autoridades de Santa Fe desactivaron este miércoles dos puntos de venta de drogas en Rosario, específicamente en departamentos del Fonavi de Grandoli, en la zona sur de la ciudad. Estos inmuebles, vinculados al narcotráfico, estaban siendo utilizados como centros de distribución de estupefacientes y su intervención forma parte de la implementación de la Ley de Microtráfico, aprobada recientemente en la provincia.
El operativo contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y el fiscal Franco Carbone, quienes supervisaron la inactivación de los departamentos ubicados en Sánchez de Thompson al 100 bis y 200 bis. Según informó el ministro Cococcioni, el primero de los inmuebles estaba vinculado a René Ungaro, un narcotraficante detenido en el penal de Marcos Paz. En este departamento se había realizado un importante secuestro de estupefacientes, lo que llevó a su intervención judicial por parte de la Justicia Federal.
«Este lugar no solo fue un punto de venta, sino también un centro de operaciones de personas vinculadas al narcotráfico. La intervención se lleva a cabo con el bloqueo físico de las aberturas del departamento, lo que impedirá su uso para cualquier actividad ilícita», explicó Cococcioni, quien también destacó que el operativo se extendió a otro inmueble relacionado con un hecho de violencia reciente.
El segundo departamento intervenido había sido utilizado por la pareja de Ungaro y en su interior se encontraron 9 kilos de cocaína sin fraccionar. Según el fiscal Carbone, este lugar también funcionaba como un punto de venta de drogas y estaba relacionado con un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 146 en septiembre pasado. La balacera había sido ordenada desde la cárcel por Carlos Fernández, alias «Pelo Duro», quien estaba detenido en el pabellón de alto perfil de la cárcel de Coronda y que, tras estos hechos, fue trasladado a Piñero. La investigación logró identificar a los autores de este ataque, dos de los cuales fueron detenidos, uno de ellos menor de edad.
Carbone explicó que el móvil del ataque al colectivo fue una especie de protesta por las condiciones de detención de Fernández, quien había instigado el acto violento desde prisión. Además, destacó que el modus operandi utilizado por los involucrados, incluyendo a menores de edad, es similar a otros hechos ocurridos en el pasado, como los de marzo de 2024.
Este operativo forma parte de una serie de acciones iniciadas a principios de 2024 en el marco de la ley de Microtráfico, una legislación que permite la intervención de la Justicia provincial en casos de narcomenudeo, que antes eran competencia de la Justicia Federal. La ley establece que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) deben investigar estos delitos y, en coordinación con las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales, llevar a cabo operativos de inactivación y derribo de búnkers de droga, con el objetivo de desarticular las redes de narcotráfico a nivel local.