Algo en Común El diario de Rosario
El fiscal Leonel Gómez Barbella y el auxiliar fiscal Lucas Estévez solicitaron que sean juzgados en juicio oral y público los efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el homicidio del joven, la tentativa de muerte de sus tres amigos y el procedimiento ilegal perpetrados el 17 de noviembre pasado.
Indicaron que, el fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, y el auxiliar fiscal Lucas Estévez, le solicitaron a la responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Paula González, la elevación a juicio de la investigación seguida contra catorce efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el homicidio de Lucas González, la tentativa de muerte de sus tres amigos y el procedimiento ilegal para ocultar lo ocurrido.
«La presente pesquisa tuvo como objeto dilucidar un entramado policial que puede resumirse en dos acontecimientos diferenciados, pero relacionados entre sí», indicaron los representantes del MPF, y puntualizaron: «Estos dos hitos históricos resultan ser:
1) el homicidio agravado de Lucas Santiago González y la tentativa de idéntico resultado en perjuicio de J.A.S, J.Z.G. y N.H.G., por parte de tres integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y,
2) todo el despliegue posterior llevado a cabo un gran número de integrantes de la Policía de la Ciudad, muchos de ellos de alta jerarquía, cuya actuación (…) presentó un designio común: la finalidad de obtener sin ambages la impunidad para el integrante de la fuerza que desde los albores del suceso, aparecía al menos sospechado de un actuar ilegítimo».
En tal sentido, los representantes del MPF entendieron que el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva -quienes prestaban funciones en la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- vayan a juicio como coautores de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial, en perjuicio de Lucas González; tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley.
También requirieron que el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar; el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca, respondan como coautores de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas. Además, Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados.
«No se trató en el caso de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional -que en modo alguno habría derivado en este proceso penal-, sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por funcionarios públicos con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con fines absolutamente ilegítimos».
Los hechos
En la mañana del 17 de noviembre, Lucas González y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Surán del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban Issasi, Nieva y López, de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la investigación, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados”, y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.
El vehículo siguió hasta Perdriel y Alvarado, donde uno de los amigos pidió ayuda a dos oficiales, pero fue detenido por ellas. En el automóvil permanecieron el conductor y Lucas, quien recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, que produjo su muerte al día siguiente en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela. El tercero de los amigos de la víctima corrió del lugar y se presentó horas más tarde junto a su madre en la comisaría.
Los dos amigos que permanecieron en el lugar fueron apresados por las policías. Según la pieza acusatoria, rato después llegó al lugar el principal Cuevas, quien les ordenó que los palparan en busca de objetos ilícitos, mientras llamaba al SAME para que asistiera a Lucas, quien permanecía herido dentro del automóvil. También llegó al lugar el subcomisario Inca, quien entrevistó a los integrantes de la Brigada e hizo la consulta con el Juzgado de Menores de turno.
“Las pruebas obtenidas permiten afirmar que el homicidio de Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa”
La fiscalía indicó en el requerimiento de elevación a juicio que los tres amigos de Lucas fueron detenidos en el marco de un procedimiento ilegal montado para ocultar el ataque policial, que incluyó el “plantado” de un arma en el interior del vehículo de los jóvenes. Poco después, el responsable del Juzgado Nacional de Menores N°4 dispuso el sobreseimiento de los chicos, tras determinar que no habían incurrido en ningún delito, como habían señalado los policías inicialmente.
En su presentación, el fiscal Gómez Barbella y el auxiliar fiscal Estévez acusaron al comisario inspector Santana, a los comisarios Ozán, Du Santos y Romero, a los subcomisarios Chocobar e Inca, al principal Cuevas, y a los Oficiales Baidon, Martínez, Arévalos y Espinosa haber alterado los rastros y pruebas del delito cometido por los integrantes de la Brigada 6, “e intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un ‘enfrentamiento armado’, colocando para ello un arma de utilería en el interior del rodado” en el que viajaban los chicos.
Según la acusación, en ese contexto los imputados aplicaron tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos a Lucas y dos de sus amigos, a quienes también privaron ilegítimamente de su libertad y les profirieron mensajes discriminatorios. Además, Du Santos, Cuevas, Romero e Inca insertaron datos falsos en las actuaciones labradas.
La acusación
En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, que incluyen testimonios de vecinos del lugar del crimen, familiares de los chicos, cámaras de seguridad, la reconstrucción de los hechos y el análisis de las comunicaciones de los involucrados –efectuada por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)-, el fiscal Gómez Barbella y el auxiliar fiscal Estévez requirieron que los catorce imputados vayan a juicio.
En tal sentido, respecto a los integrantes de la Brigada 6, los representantes del MPF señalaron que “bajo el justificativo o explicación de ‘sospechosos’, emboscaron a cuatro adolescentes a quienes ya desde el inicio de su seguimiento describieron como ‘masculinos menores’ y les propiciaron una significativa cantidad de balazos con armas de fuego que pegaron en distintas partes del automóvil, tanto en la parte delantera del parabrisas como en sus costados, en ventanilla y guardabarros (pese a que se encontraron 5 vainas habrían sido varios disparos más) y terminaron con la vida de uno de ellos, pretendiendo acabar también con la del resto del grupo de amigos si no era porque lograran escapar -recordemos que siempre creyeron que estaban siendo asaltados-”.
Agregaron que Issasi, Nieva y López “pusieron en movimiento la estructura institucional de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires otorgando datos falsos, a sabiendas de lo que realmente había acontecido” y concluyeron que “jamás hubo ‘un enfrentamiento armado’, sino más bien un ataque perpetrado por los oficiales a las víctimas, irracional e injustificado, para lo cual emplearon sus armas a fin de cercenarles sus vidas.
Y esto es evidente, por cuanto no existió accionar alguno de los niños que pudiera ser considerado sospechoso, como lo alegaron los imputados, ni elemento que pudiera ser interpretado equívocamente como que podrían atentar en su contra”.
«No estamos ante una mera concurrencia ocasional de autores, sino que existió una convergencia preordenada, donde la acción de unos aparece objetiva y subjetivamente ligada a la de los demás, en el marco de un plan con unidad de designio y comunidad de aportes».
Destacaron que “las pruebas obtenidas permiten afirmar que el homicidio de Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa”, al tiempo que ponderaron “el alto grado de coordinación de la modalidad ejecutiva, que implicó el seguimiento de las víctimas, la elección del lugar y momento adecuados y el acercamiento mediante un auto hasta estar próximo al vehículo de las víctimas, lo cual permite concluir que no estamos ante una mera concurrencia ocasional de autores, sino que existió una convergencia preordenada, donde la acción de unos aparece objetiva y subjetivamente ligada a la de los demás, en el marco de un plan con unidad de designio y comunidad de aportes, no pudiendo soslayar que un ataque de esa forma –coordinado y sorpresivo- y con tal efectividad solo es posible con la existencia de una voluntad conjunta de dar muerte de la forma escogida”.
Respecto a los once efectivos acusados de intervenir en el procedimiento ilegal, los representes del MPF destacaron que “estuvieron participando del procedimiento, cumpliendo distintas tareas y roles en pos de un fin último, esto es, alterar las pruebas en beneficio de los consortes de causa. Y aquella descripción determina que los encartados al requerir la ambulancia del SAME hicieron ahínco en que era producto de una colisión vial a los efectos de encubrir los aberrantes actos que ya se venían sucediendo desde Iriarte y Avda. Vélez Sarsfield”.
En tal sentido, la fiscalía destacó que los primeros en arribar al lugar donde se detuvo a las víctimas fueron el principal Cuevas y el oficial Baidón. Luego, llegaron los oficiales Martínez y Arévalo en sus motocicletas y, finalmente, el oficial Espinosa. En este contexto, de acuerdo con la acusación fiscal se se dieron las siguientes intervenciones:
Los oficiales Arévalo y Martínez fueron quienes esposaron a los dos jóvenes amigos de la víctima fatal, mientras el principal Cuevas y el oficial Baidón fueron los responsables de agredirlos verbalmente mientras estaban privados ilegítimamente de su libertad.
El subcomisario Chocobar, “como segundo en la línea de mando inmediatamente después del Comisario Du Santos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad cuya competencia rige en el lugar en donde se pretendió fraguar el procedimiento policial, fue una de las primeras autoridades en arribar, incluso antes que el Subcomisario de la División Sumario y Brigadas Roberto Inca cuando las víctimas ya estaban en el suelo esposados”. Además, fue el encargado de realizar los partes informativos, en base a los dichos de Issasi.
El subcomisario Inca “demoró mucho en efectuar un simple llamado telefónico para realizar la debida consulta judicial, período durante el cual, se falsearon las pruebas del procedimiento y se torturaron a los jóvenes, lo que incluyó que se los tuvo alrededor de 10 horas en el lugar (7 de las cuales dentro de un patrullero a su cargo). Ello denota que manejaba la causalidad, dado que existió un lapso prudencial que les permitió manipular la escena”.
El oficial Espinosa manipuló el cuerpo de Lucas para sacarlo del vehículo y trasladarlo en una ambulancia del SAME al Hospital Penna. Además, permaneció como custodia del joven, ya que en ese momento se lo consideraba detenido. Espinosa también habría omitido -en cumplimiento de la orden de un superior- secuestrar parte del proyectil que impactó en Lucas, el cual fue hallado durante las primeras maniobras en la sala de emergencias.
El comisario Du Santos se habría ocupado de asegurar el perímetro, en conjunto con el comisario Romero. Además, Du Santos habría omitido resguardar el vehículo de las víctimas, para que no pudiese manipularse la escena y se habría comunicado con el comisario Ozán y advertirlo sobre el irregular accionar de Issasi, Nieva y López.
El comisario Ozán, al tanto del accionar de los integrantes de la Brigada 6, fue quien ordenó al subcomisario Inca “que vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto” y a Romero “emprolijar esta cagada”, en referencia a los hechos que culminaron con la muerte de Lucas. Además, fue quien se ocupó de que no hubiera imágenes de lo ocurrido.
Finalmente, el comisario inspector Santana fue quien se entrevistó con Isassi e Inca -y tomó como verídica su versión de un “enfrentamiento”, aunque los primeros indicios demostraban lo contrario-, y el responsable de ordenar a los policías presentes en la escena de los hechos cómo debían obrar, y direccionó los partes informativos.
La fiscalía destacó que “entre las manipulaciones llevadas a cabo por el grupo de policías involucrados activamente en ocultar y alterar rastros y pruebas, ayudando a los autores del homicidio y de otro tres tentados a ocultarlos y alterarlos, incluía colocarles a los jóvenes la réplica de juguete de un arma de fuego, para darle fuerza a la falsa versión de que Lucas González y sus amigos se trataban de ‘peligrosos delincuentes’ que habían atacado” a los integrantes de la Brigada 6.
Tras analizar todas las pruebas, el fiscal y el auxiliar fiscal concluyeron que “las excusas sustentadas por los acusados -como en haberse limitado en escribir un parte en la Comisaría como sostiene Chocobar, en minimizar su rol de chofer como Baidón, alegar que solo se ha practicado solo requisas preventivas o custodiar a dos jóvenes por parte de Arévalos y Martínez, sostener que siempre pregunta lo que tiene que hacer y ‘acompañó’ al SAME en el traslado de Lucas González como lo hizo Espinosa, la invocación de ‘compañerismo’ de Ozán y la presunta limitación en sus ‘tareas administrativas’ que dice tener Santana, en efectuar solo tareas de apoyo periféricas como el comisario Du Santos, el responsabilizar de lo ocurrido a la demora en responder la consulta, como lo intenta Inca, no hallarse presente al tiempo de la detención de las víctimas- como infiere Romero- o simplemente desconocer lo sucedido como Cuevas- de sin que tuvieran ningún tipo de injerencia en el accionar que se desplegara en el lugar, pierden virtualidad a la luz de las constancias apuntadas”.
Para Gómez Barbella y Estévez “no se trató en el caso de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional -que en modo alguno habría derivado en este proceso penal-, sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por funcionarios públicos con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con fines absolutamente ilegítimos, lo que logra explicarse su accionar con todo el cúmulo de probanzas y delitos. No puede dejar de recordarse que de esta ‘mise en scene’ dolosamente montada participó personal de, al menos tres dependencias de la Policía de la Ciudad con sede en ese Barrio de Barracas respecto de un hecho ilícito que allí tuvo lugar, pero con la intervención de un comisario de otra jurisdicción de aquella comuna y de otro personal civil investigado aún en la causa, cuando en rigor no había ningún argumento jurídico válido para ello”.
