Mediante un decreto nacional se abre un nuevo proceso de licitación del canal marítimo y crea un ente de control y gestión con sede en Rosario.
El Gobierno creó por decreto el organismo oficial que licitará y adjudicará la nueva concesión de la vía navegable, mal conocida como Hidrovía.
En ese sentido, el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Social y Popular (FsyP) consideró que, dicho decreto 556 del gobierno nacional “repara la falta de los años noventa pero no va en contra de aquella matriz de saqueo que fue el menemismo”.
“Aunque hable de estimular la fabricación de dragas propias y construir un banco de datos propios, todo se hace en función de una nueva licitación pública nacional e internacional que parece responder a los reclamos de las exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario”, estimó el diputado del FsyP.
Por lo pronto, – según el decreto – se trata del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, un organismo descentralizado dentro del ámbito del Ministerio de Transporte.
Para Del Frade, “No se dice nada sobre la necesidad de controlar que las riquezas argentinas queden para el pueblo argentino, imperativo categórico del momento que están atravesando las grandes mayorías”.
“Volvemos a advertir que, si no se profundiza lo nacional y lo popular, el gobierno puede derrapar en una administración antinacional y antipopular”, agregó el legislador.
Ahora bien, el decreto lo firmaron Alberto Fernández y todos sus ministros y el ente será el encargado de licitar y controlar la nueva concesión de la vía navegable.
Según se detalló, la misión del nuevo organismo será velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, entre otros, y desarrollar los contextos necesarios para “el desarrollo de trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y redragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos, sobre la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, y de aquellos sectores que el Poder Ejecutivo Nacional le asigne en el futuro”.
El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, en el ámbito jurisdiccional del ministerio de Transporte y estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por 15 miembros. En ese marco, se indicó que los mismos tendrán carácter ad honorem y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, de la siguiente manera:
En los pliegos relativos a las concesiones de obra por peaje, se afirmó que se deberá establecer que se abonará al adjudicatario o a los adjudicatarios, los valores correspondientes de conformidad con lo que se establezca en los pliegos de bases y condiciones.
La norma establece que las tarifas y/o peajes que sean fijados en razón de concesiones otorgadas sobre la vía navegable sujeta a la jurisdicción “serán percibidos por el Ente por cuenta y orden del concesionario o de los concesionarios y remitidas a este o estos, previa detracción de los montos que correspondan, de conformidad con los términos contractuales y normas que rijan tales concesiones”.
El Gobierno fijó la sede del nuevo Ente en la ciudad de Rosario. Además, el organismo tendrá una Comisión Asesora integrada por representantes de los ministerios de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Seguridad, Cancillería y del Consejo Interuniversitario Nacional.
Entre los considerandos del decreto se mencionaron como antecedentes que la Auditoría General de la Nación “ha observado reiteradamente la falta de creación de un órgano de control especializado para el contralor de la concesión de obra en la vía navegable troncal concesionada, en reiterados informes”.
Por las aguas de la Hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país, por lo que es el canal principal de salida para el complejo agroexportador más importante de América del Sur. Por 25 años, el manejo de la Hidrovía estuvo en manos de la empresa belga Jan de Nul y de su socia local, Emepa.
En ese sentido, Del Frade consideró que, “esta creación del Ente, según los argumentos del decreto, reparan lo no hecho en los noventa, pero no supera su matriz. Vamos a seguir insistiendo en recuperar la soberanía económica en el comercio exterior y construir soberanía tambien”, cerró.