Algo en Común El diario de Rosario
Lo promueve el gremio petroquímico SOEPU, que es la creación de un programa de crédito para los trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias y será elevado al gobierno nacional.
El impuesto a las ganancias sobre los trabajadores es una lucha sin cuartel que mantiene alerta al movimiento obrero por entender que el salario no es ganancia. En todo caso es un derecho.
Sin embargo, se sostiene desde su creación mediante un decreto (ley 11.586), del 19 de enero de 1932, durante la presidencia de facto de José Félix Uriburu.
Luego dicho impuesto fue teniendo variaciones y fue en el gobierno de Juan D. Perón en 1973 donde se aplicó el impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, llamado de la cuarta categoría. Luego sufrió nuevamente modificaciones con la denominada tablita de Machinea en 1999, durante la presidencia de Fernando De la Rúa y su ministro de economía, Jose Luis Machinea. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo el pago del impuesto por parte de los trabajadores. También en el de Mauricio Macri y el actual gobierno de Aberto Fernández
Ahora bien, desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de San Lorenzo – gremio que nuclea los trabajadores del sector en todo el cordón industrial) han elevado una propuesta que será ´presentada al gobierno nacional para Crear un Programa de Crédito Fiscal en favor de los Trabajadores.
Dicho programa consiste en que el monto tributado mensualmente en concepto de Impuesto a las Ganancias, por los trabajadores en relación de dependencia “vayan a un fondo”, destinado precisamente a ese sector laboral mediante créditos para adquisición de bienes muebles (industria nacional), alimentos, vestimenta, construcción.
También para pago de servicios: turismo nacional, educación y capacitación laboral y/o profesional, cuotas de fideicomisos de construcción, etc.
Cabe indicar que la selectividad en la aplicación del crédito, permite que los recursos no se orienten a la compra de moneda extranjera, viajes al exterior, según los criterios que establezca el gobierno.
El Soepu elevará la propuesta entendiendo que por el pago de impuestos a las ganancias genera no solo pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales por el pago del gravamen sobre los salarios, acentuada por el contexto inflacionario de los últimos meses, sino además “incentiva”, el trabajo informal y la evasión fiscal.
Asimismo, es notorio el “desincentivo de la oferta de trabajo (horas extras) por el impacto del impuesto, lo que provoca un perjuicio en la actividad productiva de las empresas disminuyendo su competitividad y capacidad de crecimiento”, puntualizó Mauricio Brizuela, secretario general del Soepu.
Y en ese orden agregó que, por tal situación planteada “logra un efecto fiscal negativo por la menor recaudación que se genera por los desincentivos”.
Injusticia social
En 1993 pagaban el 30% de impuesto a las ganancias los trabajadores que ganaban más de USD 120.000 anuales neto de deducciones; en la actualidad, lo pagan quienes ganan USD 6.000 anuales por encima del mínimo no imponible($280.792).
Según el gobierno nacional, en la actualidad existen exenciones fiscales varias que superan el 2,4% del PBI, mientras que el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores representa menos del 1% del PBI.
750 trabajadores de SOEPU tributan x mes un promedio de $120.000 c/u = $90.000.000).
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
El propósito de la creación del Programa de Credito Fiscal persigue la “mejora directa” del salario real para más de 1.200.000 trabajadores de todo el país, de diferentes sectores.
“Incentivos concretos para incrementar la oferta de horas trabajadas y el blanqueo de haberes, con el respectivo efecto sobre la expansión de la actividad productiva y empresaria”, indicaron desde el gremio petroquímico.
Asimismo, su aplicación será “un efecto dinamizador para los sectores beneficiarios de dicho crédito “a favor de los trabajadores por la orientación definida de su uso”, especificó Brizuela.
cabe indicar que el Impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores representa el aproximadamente 2% de la recaudación nacional total, “pero se estima que el impacto fiscal de la propuesta sea positivo dado el efecto sobre el consumo, el incremento de horas trabajadas y la reducción de la informalidad”, agregó el dirigente gremial.
Por último Brizuela resaltó que “somos abanderados de la vigencia de la justicia social, pretendemos la eliminación de las distorsiones y la regresividad que genera un buen impuesto, pero que está mal aplicado”, completó.
