Algo en Común El diario de Rosario
Médicos, enfermeros, bioquímicos y psicólogos del sistema de residencias nacionales se movilizaron a Plaza de Mayo para repudiar la reforma impulsada por el Gobierno. Denuncian pérdida de derechos laborales y alertan que se busca disfrazar como «formación» un esquema de explotación.
Con una masiva movilización en Plaza de Mayo, profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales alzaron su voz contra la reforma impulsada por el Gobierno nacional, que propone reemplazar el actual régimen laboral por un sistema de becas sin vínculo de empleo formal. La protesta incluyó la lectura de un documento unificado en el que se exigió la derogación inmediata de la Resolución 2019/25, publicada recientemente en el Boletín Oficial, y la apertura de una mesa de diálogo urgente con residentes de todo el país.
Entre los manifestantes se encontraban médicos, enfermeros, bioquímicos, psicólogos y otros profesionales que se forman y trabajan en hospitales públicos de todo el territorio nacional. Todos coincidieron en que la medida representa un retroceso alarmante en materia de derechos laborales y una amenaza directa a la calidad del sistema público de salud.
Uno de los aspectos más cuestionados de la resolución es que los residentes ya no serán considerados trabajadores del sistema de salud, sino que pasarán a percibir una «beca» sin acceso a obra social, aguinaldo, aportes jubilatorios ni licencias laborales. Es decir, se elimina la relación de empleo formal con el hospital y se consolida un esquema de precarización laboral encubierta bajo el concepto de formación profesional.
Entre los puntos más alarmantes que remarcaron los manifestantes se destaca el aumento de la carga horaria, que pasaría de 70 a 93 horas semanales, lo que representa un esfuerzo físico y mental extremo para profesionales que ya se desempeñan en condiciones exigentes.
A esto se suma la eliminación del descanso posguardia, lo cual podría derivar en jornadas laborales de hasta 30 horas corridas, poniendo en riesgo no solo la salud de los residentes, sino también la seguridad de los pacientes. Asimismo, denunciaron una reducción en el valor de la hora trabajada y la pérdida de derechos fundamentales, como la obra social, el aguinaldo y los aportes previsionales.
Otro aspecto preocupante es que, en caso de rescisión del contrato, los residentes no tendrán derecho a indemnización, lo que incrementa la vulnerabilidad del vínculo. Por último, cuestionaron la renovación anual de contratos, a pesar de que los concursos públicos estipulan una duración de tres a cuatro años, lo que genera incertidumbre y precariedad sostenida en el tiempo.
