Algo en Común El diario de Rosario
El Gobierno nacional dio de baja los últimos contratos para obras viales clave en el sur santafesino, incluyendo el tramo más crítico de la Ruta 33. La medida generó una dura reacción del Ejecutivo provincial, que acusa a la gestión de Javier Milei de abandonar a la región y aplicar un ajuste sin destino claro.
En una decisión que cayó como un balde de agua fría para el sur de Santa Fe, el Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto los contratos de mantenimiento y mejora en varias rutas nacionales que atraviesan la provincia, incluyendo uno de los tramos más peligrosos y postergados de la Ruta 33, entre Sancti Spíritu y Rosario. La medida, oficializada mediante resoluciones publicadas el lunes pasado, también implica el cierre definitivo de Vialidad Nacional y el freno a licitaciones ya adjudicadas.
Como era de esperarse, la respuesta del Ministerio de Obras Públicas santafesino fue inmediata y contundente: se calificó la decisión como un “abandono total” por parte de Nación, y se reiteró el pedido de transferencia de las rutas a la órbita provincial en caso de que el Ejecutivo nacional no tenga intención de intervenir.
La anulación de estas obras vuelve a poner en el centro del debate una pregunta que crece al ritmo del ajuste: ¿a dónde va el dinero que el Gobierno nacional dice estar ahorrando con los recortes, los cierres de ministerios y organismos, y los despidos masivos de trabajadores del Estado? Porque si los fondos que antes se destinaban a infraestructura, salud o educación hoy no se traducen en mejoras palpables, ni en rutas ni en servicios, el supuesto “superávit” pierde sustento ante la realidad.
Según Nación, la suspensión de las obras se justificó en una supuesta “caducidad de plazos”. No obstante, desde la cartera que conduce Lisandro Enrico se denunció que se trata de una excusa “irrisoria”, ya que los contratos estaban listos para comenzar y con adjudicatarios confirmados (la UTE Edeca S.A. – Rava S.A.). Además, recordaron que existen fallos judiciales que obligaban a avanzar con los trabajos.
“La decisión es intempestiva y peligrosa. Afecta a miles de santafesinos que transitan a diario rutas en estado calamitoso, como el tramo de la Ruta 33 que ha sido escenario de innumerables accidentes fatales”, advirtieron.
El impacto de la política de “no hacer obras” como la definieron en Santa Fe se siente en toda la provincia. Más de 2.700 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo las estratégicas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012, están paralizadas o abandonadas. La situación, denuncian, pone en riesgo no sólo a quienes viven en la región, sino también a la actividad productiva del país: por esos corredores circula el 80 % de la producción nacional.
Frente a este panorama, el Gobierno provincial volvió a insistir en un planteo que ya lleva meses: que Nación transfiera las rutas a Santa Fe si no va a invertir en su mantenimiento. “Contamos con capacidad técnica, experiencia y voluntad política. Ya lo demostramos manteniendo rutas provinciales con fondos propios y colaborando en rutas nacionales con tareas básicas como bacheo o iluminación”, sostuvieron.
Además, subrayaron que el reclamo no responde a un enfrentamiento partidario, sino a una necesidad urgente de la población. “Cada vecino que carga combustible paga un impuesto nacional que debería ir a obras viales. Sin embargo, esas obras no existen. Lo que hay es un ajuste brutal sin destino visible.”
Por ahora, la respuesta de la Nación ha sido el silencio. La cancelación sistemática de compromisos viales parece formar parte de una lógica más amplia: la de reducir el Estado a su mínima expresión, sin importar las consecuencias concretas sobre la vida de millones de argentinos. En el sur santafesino, esa política se traduce en rutas intransitables, riesgos evitables y una sensación de abandono que crece al mismo ritmo que los baches.
