[:es]Expondrán 250 especialistas en el debate del nuevo Sistema Penal Juvenil

Unos 250 expositores (entre juristas, académicos, científicos y magistrados) aportarán sus opiniones y posturas en el debate que lleva adelante la Cámara de Diputados de la Nación para establecer un nuevo Sistema Penal Juvenil. Será en el marco del plenario de comisiones que sesiona los martes y jueves, desde el 28 de marzo pasado, en el que ya expusieron 170 especialistas.

El nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil es, como se sabe, una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo y anunciada por el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa busca terminar con una deuda histórica de nuestra legislación en materia de responsabilidad penal de menores de edad en conflicto con la ley penal, creando un marco jurídico que apunta a la contención por parte del Estado cuando se produce la comisión de un delito, brindar las garantías del proceso judicial y asegurar el acceso a la justicia. Prevé también, dentro de la reforma integral, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de quince años de prisión.

Asimismo, apunta a actualizar el sistema penal, acorde a los estándares internacionales en la materia, y que todavía se rige por un decreto de la última dictadura militar.
Después de escuchar a todos los expositores, el debate será entre los diputados que integran el plenario de comisiones. Si se alcanzaran los consensos necesarios, el tema podría llegar al recinto a principios de julio.

El anteproyecto 

El anteproyecto se estructura sobre cuatro ejes: una justicia especializada en los jóvenes, un abordaje multidisciplinario con miras de reinserción social, una responsabilidad efectiva por parte de quienes cometen delitos, y finalmente la inclusión de las víctimas.

Además, propone un sistema de escala de responsabilidad penal: Se prohíbe expresa y absolutamente la privación de la libertad para los menores de 15 años; resulta penalmente responsable desde los 15 años de edad quien cometiera un delito grave, penado con 15 años de prisión o más; entre los 16 y los 18 años resulta penalmente responsable aquel que cometiera un delito penado con 2 años de prisión o más.

El pasado 19 de febrero, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizaron la presentación del anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

La iniciativa es producto de más de tres años de trabajo gestionados por el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, supervisado por el ministro Garavano, e impulsado desde la plataforma de participación ciudadana “Justicia 2020”, un programa de reforma del Poder Judicial de la Nación impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, y coordinado por el jurista Ricardo Gil Lavedra.

Argentina no cuenta actualmente con un régimen penal orientado a los jóvenes, pese a las exigencias en tal sentido en términos de derechos humanos. La redacción contempla estándares internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño, brindando la respuesta estatal necesaria, logrando un tratamiento tendiente a la recuperación y a la reinserción social.

El debate en la Cámara de Diputados mediante audiencias públicas

El debate se lleva a cabo en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside la diputada radical jujeña Gabriela Burgos; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a cargo de la diputada Alejandra Martínez (UCR-Jujuy); y Presupuesto y Hacienda, encabezada por el diputado Luciano Laspina (PRO).

Hasta la fecha, se desarrollaron cinco reuniones informativas, donde expusieron más de 170 especialistas de distintos ámbitos, entre los que se destacaron fiscales, jueces, abogados, especialistas, docentes, representantes de organizaciones, funcionarios, defensores de menores de distintas provincias, miembros de ONGs, organismos internacionales e investigadores.

En la primera reunión, los legisladores acordaron el cronograma y la metodología de trabajo, similar a la utilizada el año pasado durante la discusión por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Las audiencias públicas se dividen por ejes temáticos y se desarrollan los días martes de 10 a 17 y los jueves entre las 9 y las 13.

Ese día, Gabriela Burgos, titular de Legislación Penal, explicó que “la idea es realizar múltiples audiencias públicas y contar con una amplia participación para que sean escuchados todos los sectores involucrados en la temática”.

Con respecto a la cantidad de expositores convocados, Burgos aclaró que aquellos bloques que tengan más de diez integrantes en el plenario, los días martes tendrán la posibilidad de presentar hasta cuatro disertantes, mientras que los jueves podrán proponer dos expositores.

En tanto, los bloques que estén conformados por menos de diez legisladores podrán presentar los martes hasta dos expositores, y los jueves uno.
Asimismo, el material que los expositores quieran distribuir deberán hacerlo a través del plenario. También se estipuló que todas las reuniones sean públicas y transmitidas en directo vía streaming.

El diputado Laspina, como titular de Presupuesto y Hacienda, comunicó que desde la comisión enviarán el proyecto a la oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. “La idea es que nos ayude a estimar los costos fiscales de las decisiones que se vayan tomando en el marco del debate, para asegurar discusiones racionales entre medios y recursos de lo planteado en la norma”, explicó el legislador santafesino.
Alejandra Martínez, quien preside la comisión de Familia, valoró el inicio del debate. “Es un tema central, integral y relevante para la vida democrática, fundamentalmente para la infancia y adolescencia”, destacó.

Luego, el 9 de abril se realizó la primera audiencia pública, en la cual Martín Casares, jefe de Gabinete del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó el proyecto. El funcionario sostuvo que “proponemos un sistema de responsabilidad penal juvenil que viene a suplir una deuda histórica de más de 39 años». «Es un sistema completo integrado por 100 artículos”, detalló.
“El proyecto de ley propone un abordaje integral de la problemática, introduce alternativas de inserción social y hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente en el proceso”, puntualizó Casares.
El funcionario del Ejecutivo explicó que el proceso de trabajo duró tres años. En ese sentido, aclaró que para la redacción del proyecto fueron tenidos en cuenta los proyectos de distintos diputados y senadores: Elisa Carrió, Ana Carla Carrizo, María Laura Leguizamón, Fernando “Pino” Solanas y Sergio Massa. También la media sanción del Senado del 2009.
Casares sostuvo que “con una mirada federal, tenemos que avanzar en el diseño de una ley adecuada“. Asimismo, el representante del ministerio de Justicia concluyó que “el tema de la edad lo vamos a consensuar entre todos”.

A su turno, Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, describió los puntos más relevantes del proyecto.
Entre los lineamientos generales, el funcionario sostuvo: “Nos propusimos tener una norma nacional que ponga un piso de derechos y garantías para todos los menores vinculados con el sistema penal juvenil”, ya que –indicó- “las provincias tienen distintas normativas y regulaciones, por lo cual tenemos diferentes abordajes a nivel nacional”.
“Una de las bases del proyecto es la creación de un sistema penal juvenil que hoy no existe en la Argentina a nivel federal”, resaltó. Además, Benítez expresó: “Se necesita una Justicia especializada, ya que el abordaje debe ser diferente del que se da con los adultos”.
También destacó “la capacitación a los magistrados, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad para un trabajo interdisciplinario”, y afirmó que la norma “busca incorporar al proyecto los mecanismos no tradicionales de resolución del conflicto, tal como lo disponen las Convenciones Internacionales sobre los Derechos del Niño”.
Según citó el subsecretario, algunos de los mecanismos no tradicionales son “los que permiten que la víctima participe del proceso y que la prisión sea el último de los recursos dentro de las respuestas que hay que dar”.
En la misma línea, Benítez resaltó: “Se ha establecido que ningún delito con una pena menor a 10 años pueda permitir el encarcelamiento del menor”. Se prohíbe “el encierro de cualquier menor que sea inimputable y el dictado de una condena a prisión perpetua”.
Además, la norma prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de quince años de prisión. En ese sentido, el funcionario indicó: “Creemos que es una propuesta razonable dentro de las edades de responsabilidad penal juvenil”.
«Con esta ley buscamos una respuesta penal adecuada para los niños y adolescentes que cometieron un delito”, afirmó el funcionario.

Ejes temáticos de las audiencias públicas

En las cuatro audiencias públicas desarrolladas hasta el momento, los ejes temáticos se dividieron de la siguiente manera: el primero fue “Respuestas no tradicionales con participación de la víctima y comunidad”, reunión del 9 de abril; la segunda jornada tuvo lugar el 11 de abril y estuvo enfocada en la “Justicia especializada, capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad”.

El tercer eje versó sobre la “Edad mínima de responsabilidad penal, respuesta a inimputables, plazos, duración del proceso, revisión y prescripción”, que ocurrió el 23 de abril; y el jueves 25, del mismo mes, se llevó a cabo la cuarta jornada que hizo foco en las “Medidas cautelares y sanciones, condiciones de detención, monitores, implementación del sistema, articulaciones sistemáticas y conformación de equipos interdisciplinarios”.

La quinta jornada tratará el impacto presupuestario que tendrá la norma. La sexta, que sería la última informativa, incluiría nuevos expositores a requerimiento de alguno de los bloques parlamentarios, quienes manifestaron la necesidad de “escuchar la mayor cantidad de voces”. Finalizada esta etapa, se procederá al debate de los legisladores.