Algo en Común El diario de Rosario
La diputada provincial pidió al Poder Ejecutivo intervenir ante la deuda superior a $6.000 millones que la cooperativa mantiene con la EPE y los cortes programados que afectan a los barrios populares. Reclama un espacio de trabajo conjunto para evitar que la población más vulnerable quede sin un servicio esencial.
En medio de la creciente tensión por la millonaria deuda que la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez mantiene con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la diputada provincial Lucila De Ponti presentó una comunicación formal solicitando al Poder Ejecutivo la creación de una mesa de diálogo y trabajo. El objetivo, según expresó, es encontrar alternativas que permitan enfrentar una situación que ya genera un impacto directo en miles de familias.
En este sentido, la legisladora recogió la preocupación manifestada por los concejales Nicolás Ramírez y Daniela Bermúdez, quienes advirtieron sobre las consecuencias sociales de la problemática. Actualmente la cooperativa responsable de la distribución eléctrica local acumula una deuda que supera los 6.000 millones de pesos, y como respuesta inició cortes programados en barrios populares, justamente las zonas donde se concentra el mayor porcentaje de conexiones irregulares.
A la hora de contextualizar el conflicto, De Ponti recordó que la falta de integración socio-urbana es una de las raíces estructurales del problema. “En 2018, el RENABAP registró 27 barrios populares en Villa Gobernador Gálvez donde viven casi 6.000 familias. El 93% tiene conexiones irregulares y el 100% carece de registro dominial. Esto dificulta cualquier proceso de regularización, instalación de medidores comunitarios o acceso a tarifas sociales. Se necesitan obras de infraestructura y planificación conjunta”, sostuvo.
Por su parte, el concejal Ramírez cuestionó la decisión de avanzar con los cortes programados y alertó sobre el impacto en los hogares más vulnerables. “Veo que se intenta cortar el hilo por lo más fino. Amenazar a la gente con dejarla sin luz no es la solución. Los vecinos no tienen la culpa, son trabajadores que quieren pagar sus servicios y, por la ineptitud de otros, no pueden hacerlo. La provincia debe intervenir y revisar la relación entre la EPE y las cooperativas”, afirmó.
A partir de este escenario, la propuesta de De Ponti busca establecer un espacio de articulación entre el Gobierno provincial, la EPE, la cooperativa y las autoridades locales, con el fin de diseñar un esquema que garantice el acceso a un servicio esencial sin profundizar la vulnerabilidad de los sectores populares.
Por último, la diputada insistió en que la resolución del conflicto requiere coordinación, planificación y compromiso institucional: “No se puede permitir que miles de familias queden atrapadas en un problema que necesita soluciones estructurales y voluntad política para ser abordado”.
