Algo en Común El diario de Rosario
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que varios trabajadores designados durante la gestión de La Libertad Avanza se ausentaron de sus funciones para asistir al Movistar Arena, utilizando recursos y mecanismos de la obra social de los adultos mayores para justificar su presencia en un acto electoral.
En medio de la campaña electoral y con promesas de “terminar con la casta política”, funcionarios del PAMI vinculados a La Libertad Avanza protagonizaron un escándalo que pone en evidencia el uso de recursos públicos para fines partidarios. Según denuncias sindicales y fuentes internas, los trabajadores cobraron los días 6 y 7 de octubre como si hubieran cumplido funciones, mientras asistían a un acto del candidato presidencial Javier Milei en el Movistar Arena.
Entre los señalados se encuentran Cecilia Alejandra Ledesma, Jefa de Atención Personalizada de PAMI Tostado; José Matías Hubeli, de PAMI Esperanza; Elisabet María Micocci, de PAMI Santo Tomé; Juan Da Rocha, de PAMI San Carlos; y Miguel Antonio Velazco, Director de la Unidad XV de PAMI con sede en Santa Fe. Todos ellos, denuncian los gremios, dejaron sin firma los centros de atención, lo que afectó la gestión y la atención de miles de jubilados en sus localidades.
El mecanismo utilizado, conocido como “Código 73” de Comisión de Servicio Horario Total, permite registrar como días trabajados actividades fuera del lugar habitual. Sin embargo, fuentes internas cuestionan su legitimidad, ya que la asistencia al acto electoral no constituye una función institucional. Este hecho genera malestar en un PAMI con sueldos congelados, personal precarizado y el 70% de los trabajadores de los policlínicos en condiciones laborales inestables.
Desde la Secretaría Gremial de ATE Rosario afirmaron que este episodio representa “un robo cotidiano a la obra social más grande de Latinoamérica” y exigieron poner fin a la normalización de estas prácticas. Además, reclamaron trabajo digno, incorporación formal de los trabajadores y mejora en la atención de los jubilados, subrayando que los recursos públicos deben destinarse a la salud y no a la política partidaria.
El escándalo abre nuevamente el debate sobre la gestión de los recursos del PAMI, la asignación de cargos políticos y la falta de control sobre la utilización de fondos y personal. En paralelo, los sindicatos advierten que estos hechos generan un vaciamiento silencioso de la obra social y un perjuicio directo a los afiliados, que se encuentran sin atención y con servicios debilitados.
