Algo en Común El diario de Rosario
El Senado sancionó la norma que garantiza una reparación económica extraordinaria a hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de los submarinistas. Fue por votación unánime.
Por votación unánime, el Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto para otorgar un beneficio económico extraordinario, por única vez, a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.
La iniciativa fue aprobada con 53 votos afirmativos y, una vez que sea promulgada, los familiares de los submarinistas tendrán 365 días para reclamar el beneficio, que se calcula en alrededor de 7.000.000 de pesos y que será entregado a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes, según corresponda.
En rigor, la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100; la misma fórmula utilizada en otras leyes reparatorias, como en el caso AMIA.
La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González (Frente de Todos) enfatizó que más allá de esta ley de reparación económica, “el Gobierno nacional quiere llegar a la verdad” con respecto a la desaparición del submarino.
“Una verdad que merece saber todo el pueblo argentino -continuó-, porque son 44 compatriotas que durante mucho tiempo no fueron buscados y luego fueron buscados de manera irregular”.
González destacó que “el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa”, que será la autoridad de aplicación de la ley, “han estado trabajando incansablemente en apoyo de los familiares y en respeto de los compatriotas cuya desaparición hoy no sabemos cómo fue”.
Desde Juntos por el Cambio, la jujeña Silvia Giacoppo coincidió en que “otorgar este beneficio es reparar, en parte, el dolor de estas familias que han perdido a estos seres queridos. No les podemos devolver la vida, pero con esta ley sí estamos reparando en algo el daño moral y el dolor de estas familias”.
De todos modos, pidió revisar las responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan: “Yo también quiero que se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente y la búsqueda”.
La radical recordó en ese sentido la frase “pato al agua”, proferida en 2011 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que “por 30 años ese submarino iba a tener una vida útil”, algo que no se cumplió.
La santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) advirtió que “los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, nuestros héroes, eran entonces ninguneados permanentemente. Pero el pueblo no olvida y comenzó en todos los puntos de nuestro país a rendirles homenaje. El pueblo no olvida y quiere saber la verdad”.
Por su parte, Julio Cobos (UCR) manifestó que “esta reparación económica no compensa el dolor de los familiares ni la pérdida de 44 vidas, pero es la manera de asistir de la mejor forma posible asumiendo la responsabilidad”.
El rionegrino Alberto Weretilneck, en tanto, sostuvo que “este proyecto bajo ningún punto de vista tiene el espíritu de ser una ley de punto final. Que nadie sienta que el Congreso quiere cerrar esta historia. Comparto la demanda de los familiares de todas las víctimas del ARA San Juan: verdad y justicia”.
Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti dijo que “una de las formas de reparar es decir la verdad de lo que sucedió” y cargó las tintas contra la gestión de Mauricio Macri por el manejo de la tragedia.
Fernández Sagasti habló de “mentiras y manoseos que en virtud de proteger a un ministro político central del gobierno de Macri se hicieron durante esa época”, en alusión al entonces titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad.
La senadora advirtió que lo sucedido “fue la mayor tragedia naval en tiempos de paz que vivió la Argentina”, pese a lo cual pasaron “16 días” desde la desaparición del submarino hasta que el ministro Aguad “hiciera la primera comunicación al pueblo argentino”.
Además, recordó el intenso trabajo de investigación realizado desde el Congreso a través de la bicameral creada con ese fin, la cual ella misma integró. De esa comisión surgió un informe final que fue suscrito por oficialismo y oposición, pero hubo diferencias en el apartado vinculado a las responsabilidades políticas.
Fernández Sagasti precisó que ya en ese entonces, los familiares de los submarinistas “tenían la sospecha de que estaban interviniendo sus teléfonos”, y al plantearlo ante el propio Aguad, el funcionario respondió que “si era cierto, los acompañaría a hacer la denuncia penal”.
“Hace unos meses nos enteramos de que eso fue verdad, que no solo se montó un espionaje ilegal a amigos y empresarios sino también a los familiares que estaban buscando justicia”, confirmó la legisladora.
Agregó también que “la primera semana de diciembre de 2017 el gobierno ya sabía dónde había sido la implosión del ARA San Juan y que por la magnitud de la implosión no había posibilidad de vida. Sabían ese dato y nunca se lo dijeron a los familiares”.
Por esos motivos, denunció una “falta de empatía del gobierno de Macri con los familiares de 43 héroes y una heroína”.
Qué establece la flamante ley
Para cobrar el dinero, los familiares deberán renunciar a todo derecho indemnizatorio por daños y perjuicios, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
El proyecto aprobado indica que el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier otra acción judicial en trámite en reclamo de daños y perjuicios.
También se establece que en los casos donde los familiares ya hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.
“Este beneficio económico que el Estado Nacional les está otorgando no es obligatorio. Pueden acceder o no, y seguir con la causa civil si es que están”, aclaró la senadora González.
La reparación económica estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
