Es para los casos de viajes prestados a través de aplicaciones móviles.
Presidió la reunión de la comisión de Gobierno efectuada este martes 20, en el Anexo “Alfredo Palacios” su titular, Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, y participaron Caren Tepp, de Ciudad Futura-FSP; Fabrizio Fiatti, de Creo; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Verónica Irizar, del bloque Socialista; Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio; Roy López Molina, de Cambiemos, y Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio.
Los ediles dieron proveído y remitieron a la comisión de origen, Servicios Públicos, al proyecto por el que se aumentan los montos de las multas para el servicio de transporte de personas “realizado en forma habitual y onerosa, con vehículos sin habilitación municipal y cuyo despacho de viajes se practique a través o sirviéndose de aplicaciones móviles o de cualquier medio digital de alcance o uso masivo”. Tal multa será de 1.300 a 3.800 UF.
Expresaron su acuerdo a la modificación del artículo 605.3.21.1 de la ordenanza Nº 2.783/1981, las concejalas Tepp, Magnani, Irizar y Gigliani, y el edil Fiatti; votó de manera negativa el concejal López Molina, y se abstuvo la edila León.
Cabe recordar que la iniciativa discutida previamente en la comisión de Servicios Públicos, se originó en una presentación que realizara en septiembre del año pasado, 2020, el Sindicato de Conductores de Taxis.
Al explicar el proyecto el edil Fiatti indicó que “se trata de generar un tipo especial, un agravante que no se encuentra actualmente contemplado, para los supuestos en los que la actividad se realiza de forma habitual y a través de medios electrónicos, con el objetivo que éste nuevo régimen sancionatorio desincentive la práctica”.
Al expresar su rechazo al proyecto el concejal López Molina sostuvo que “la estrategia represiva del municipio en cuanto a perseguir a determinadas empresas multinacionales no es una respuesta adecuada al problema” y agregó que “judicialmente el municipio fue derrotado 5 a 0”.
Consideró asimismo que “al subirse desproporcionadamente las sanciones se pierde la racionalidad y queda al borde de la inconstitucionalidad”. Indicó igualmente la necesidad de discutir la calidad del servicio que se presta para marcar que “no se termina de entender que el de taxis es un servicio público”.
La edila León, por su parte, expresó su abstención e indicó que la fundamentación de la misma la realizaría en ocasión de tratarse el tema en el recinto de sesiones.