Más de 50 personas que completaron el curso del Escalafón Técnico – Subescalafón Administrativo de la Policía provincial siguen esperando ser convocadas. La validez de su listado vence en noviembre y, si no hay resolución, quedarán fuera del sistema. El silencio del Ministerio de Seguridad y la falta de definición del gobernador Pullaro alimentan el malestar.
El reloj corre, y la incertidumbre pesa. A tres meses del vencimiento del listado de aspirantes al Escalafón Técnico – Subescalafón Administrativo de la Policía de la provincia, más de 50 personas siguen esperando una definición. Se trata de la segunda camada de egresados de esta formación específica, que ya completaron su preparación sin portar armas en 2023, y que aún no han sido incorporados a la fuerza.
Según el reglamento interno, el listado de aspirantes tiene validez hasta noviembre de 2025. Si para esa fecha no son convocados, su posibilidad de ingreso se perderá definitivamente, y junto con ella, los meses de formación, estudio y expectativa quedarán sepultados bajo la falta de decisiones políticas.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad no hubo una sola respuesta oficial. El malestar se incrementa cada semana que pasa sin novedades. Quienes se prepararon para desempeñarse en funciones administrativas dentro de la institución señalan que su incorporación no solo implicaría una salida laboral legítima para ellos, sino que además permitiría que más efectivos armados puedan ser destinados a tareas operativas, mejorando así la seguridad ciudadana.
La contradicción es clara, en un contexto donde el Gobierno provincial declara la seguridad como eje central de su gestión, mantiene paralizado el ingreso de personal administrativo que podría liberar recursos humanos claves para las calles.
La decisión final recae en el gobernador Maximiliano Pullaro, quien hasta el momento no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el destino de este grupo. Los aspirantes expresaron su preocupación no se trata de una demanda salarial, ni de un reclamo de otro tipo. Es, simplemente, el pedido de que se cumpla con un proceso ya iniciado y que, si no se resuelve pronto, se convertirá en una nueva promesa incumplida.
“No pedimos privilegios, solo queremos saber si hay un lugar para nosotros o si todo lo que hicimos fue en vano”, expresaron algunos de los aspirantes en contacto con este medio. La falta de respuestas no solo atenta contra sus proyectos personales, sino que revela fallas estructurales en la planificación del recurso humano dentro de la fuerza policial.
La decisión, indican, está en manos del gobernador Maximiliano Pullaro. Mientras tanto, reina el silencio y la incertidumbre.
Algo en Común El diario de Rosario