Algo en Común El diario de Rosario
La medida busca evaluar la idoneidad de los trabajadores y definir su permanencia en la administración pública.
El Gobierno nacional ha decidido renovar los contratos de unos 40.000 empleados públicos temporales, aunque solo por tres meses, a partir de marzo de 2025. Esta medida afecta a trabajadores que no forman parte de la planta permanente estatal y sigue la línea de renovaciones a corto plazo implementada por la gestión de Javier Milei desde su llegada al poder.
Según fuentes oficiales, la renovación de contratos dependerá del cumplimiento de dos condiciones: la aprobación de un examen de idoneidad y la evaluación de los superiores jerárquicos sobre la necesidad de la función desempeñada por cada trabajador. En total, los empleados deberán rendir una prueba dividida en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública. Hasta la fecha, 14.000 empleados ya han aprobado el examen con un 95% de tasa de éxito.
El examen de idoneidad es considerado un paso hacia la estabilidad laboral para los trabajadores públicos, aunque esta será la última prórroga antes de que se tomen decisiones definitivas sobre su permanencia en el sector. Las contrataciones bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que permite la contratación por servicios transitorios o estacionales, afectaban hasta ahora a unos 40.000 trabajadores, cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre de 2024.
Por otro lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que el número real de empleados afectados supera los 55.000, incluyendo monotributistas y empleados bajo otros regímenes laborales. Además, ATE denunció despidos ya detectados en diversos organismos, como el Ministerio de Justicia y Parques Nacionales, lo que ha generado incertidumbre sobre la seguridad laboral de estos trabajadores.
En paralelo, el Gobierno publicó dos decretos que restringen aún más la contratación de personal en la administración pública. Los decretos 1148/24 y 1149/24 prohíben las nuevas designaciones y contrataciones de personal, exceptuando las prórrogas de contratos vigentes y algunas altas excepcionales, que deberán estar justificadas por la baja de al menos tres empleados. Asimismo, el decreto 1149/24 establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, el examen de idoneidad será obligatorio también para aquellos interesados en ingresar al sector público.
Esta serie de medidas refleja la política del Gobierno de ajustar el gasto público y optimizar los recursos en la administración estatal, mientras busca garantizar que solo los empleados considerados idóneos y necesarios permanezcan en el sistema.
