Algo en Común El diario de Rosario
La iniciativa endurecía penas, hacía imprescriptibles delitos graves, redefinía la legítima defensa y unificaba criterios penales en todo el país. El proyecto, anunciado por Patricia Bullrich en Casa Rosada, pretendía “terminar con la puerta giratoria” y fijar un nuevo paradigma de protección a víctimas y funcionarios públicos.
El Gobierno nacional había presentado este lunes en Casa Rosada el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que procuraba reconfigurar de raíz el sistema punitivo argentino, endureciendo condenas, ampliando la prisión efectiva y declarando imprescriptibles un amplio conjunto de delitos graves. El anuncio estuvo a cargo de la ex ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes remarcaron que el texto procuraba abandonar “la doctrina de la puerta giratoria”.
Desde el inicio de la presentación, Bullrich afirmó que el Congreso tendría una “misión histórica”, ya que —según sostuvo— el Código Penal vigente respondía a “una lógica de 1921” y acumulaba “parches” que habían fragmentado su coherencia. En esa línea, defendió la necesidad de un cuerpo normativo moderno que acompañara las transformaciones sociales y criminales de las últimas décadas.
Uno de los núcleos centrales del proyecto apuntaba a endurecer las penas, especialmente en homicidios, delitos violentos, narcotráfico y trata de personas. El homicidio simple elevaba su máximo de 25 a 30 años, mientras que el homicidio agravado ampliaba las circunstancias especialmente protegidas, incluyendo a funcionarios públicos —entre ellos el Presidente—, docentes en ejercicio, menores de 16 años y adultos mayores de 65.
Asimismo, la iniciativa declaraba que el 82% de los delitos tendría cumplimiento efectivo, restringiendo salidas transitorias y estableciendo que las víctimas o sus familiares debían ser notificadas antes de otorgarse cualquier beneficio penitenciario. Con estos cambios, el Ejecutivo daba por “desactivada” la puerta giratoria.
El proyecto también fortalecía la acumulación de condenas en casos de asesinatos múltiples vinculados al crimen organizado, una problemática que el Gobierno seguía con especial preocupación en zonas críticas como Rosario.
En otro tramo de su exposición, Bullrich cuestionó lo que consideró una “filosofía que minimizaba” delitos como arrebatos, amenazas o robo con armas de utilería. Reivindicó que “todo delito importa”, y bajo esa premisa el proyecto agravaba penas para robos cometidos con violencia, en grupo o con utilización de armas reales o simuladas.
En materia de narcotráfico, el texto consolidaba un enfoque integral desde el cultivo y producción hasta el tráfico internacional, con agravantes cuando participaran funcionarios públicos o cuando las redes involucraran a menores.
Otro capítulo decisivo planteaba la imprescriptibilidad de delitos como homicidio agravado, abuso sexual —en todas sus formas—, corrupción de menores, secuestro extorsivo, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico. Bullrich justificó esta decisión señalando que muchas víctimas, en especial sobrevivientes de abuso infantil, “hablaban 30 años después” y que el Estado debía garantizarles acceso a la justicia sin límites temporales.
En cuanto a la legítima defensa, el proyecto establecía una presunción a favor de la víctima, priorizando su situación frente a interpretaciones posteriores sobre el arma utilizada por el agresor, real o de utilería.
La reforma también incorporaba la figura de conducción imprudente, reclamada por organizaciones como Madres del Dolor. Las escalas penales se elevaban a 2 a 6 años y hasta 6 en casos agravados, apuntando a quienes condujeran bajo efectos del alcohol o drogas, utilizaran el celular o ejecutaran maniobras de riesgo.
El proyecto establecía penas “graves y gravísimas” para los delitos de corrupción pública, con el argumento de que quienes ejercían cargos del Estado debían afrontar una responsabilidad reforzada. Bullrich sostuvo que “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”, enmarcando la iniciativa en su consigna general: “El que las hace, las paga”.
La propuesta impulsaba la creación de un sistema penal unificado, evitando que las provincias modificaran la ejecución de penas a través de diferencias procesales. El objetivo era reducir interpretaciones divergentes y asegurar la uniformidad en la aplicación de sentencias.
El proyecto condensaba 22 transformaciones centrales, entre ellas:
- Imprescriptibilidad de delitos graves.
- Prisión perpetua efectiva para homicidio agravado.
- Endurecimiento en robos, narcotráfico, trata, pornografía infantil y secuestro extorsivo.
- Incorporación de la figura de ecocidio.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables.
- Penalización reforzada de accidentes viales con imprudencia.
- Penas más duras por violencia en espectáculos masivos.
- Protección de bienes culturales y sanción al mercado ilegal de arte.
- Extinción de dominio y decomiso ampliado.
- Regulación más estricta de delitos económicos, tributarios y financieros.
- Tipificación de compra y venta de niños, delitos intrafamiliares y violencia de género.
- Fortalecimiento de figuras vinculadas al cibercrimen, incluyendo fraude informático, usurpación de identidad digital y difusión no consentida de imágenes íntimas.
- Incorporación del delito de motochorros como figura definida.
- Régimen ampliado para crimen organizado transnacional.
- Normativa actualizada sobre terrorismo y financiamiento del terrorismo.
- Protección de la estabilidad fiscal y monetaria.
- Un capítulo electoral que sancionaba manipulación algorítmica, desinformación planificada y operaciones digitales destinadas a influir en el voto.
La Casa Rosada confiaba en que el debate legislativo de este texto se convertiría en uno de los ejes parlamentarios del año. Para el Gobierno, la reforma representaba una oportunidad para “fijar un rumbo de largo plazo” en materia criminal, dejando atrás un esquema centenario y consolidando un nuevo paradigma de responsabilidad penal.
El Congreso, a partir de ahora, debía definir si acompañaba una transformación que prometía impactar estructuralmente en la política criminal argentina y reordenar el mapa del sistema penal para las próximas décadas.
