El Gobierno eliminó por decreto los aportes obligatorios a las cámaras empresarias

A partir de ahora, las contribuciones a las entidades empresariales serán voluntarias. La medida genera debate y es vista como un cambio significativo en el ámbito laboral y económico.


El Gobierno nacional eliminó, mediante el Decreto 149/2025, los aportes obligatorios que las empresas debían realizar a las cámaras empresarias. A partir de ahora, las contribuciones serán voluntarias y no podrán ser impuestas por las Convenciones Colectivas de Trabajo, salvo que los empleadores acepten hacerlo de manera expresa.

La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que «las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos». Además, se especifica que cualquier imposición podrá ser revocada en cualquier momento mediante simple comunicación a la entidad correspondiente.

El Ejecutivo justificó la decisión asegurando que la práctica de imponer estas contribuciones carecía de sustento normativo y que vulneraba principios constitucionales de legalidad, libertad de contratación y representatividad. Según el Gobierno, los convenios colectivos deben enfocarse exclusivamente en regular las condiciones laborales, sin extenderse al financiamiento de las cámaras empresariales.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida, afirmando que «el Decreto 149/25 termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados». Aseguró que los convenios colectivos deben limitarse a regular condiciones de trabajo y no permitir la imposición de cargas económicas a quienes no han optado voluntariamente por participar de las entidades empresarias.

La medida será implementada en un plazo de 90 días, durante el cual se dará tiempo para la adecuación de las cámaras empresarias a este nuevo marco.