Algo en Común El diario de Rosario
Con la presencia del Fiscal Regional Patricio Serjal en la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Concejo Municipal puso en marcha la implementación del «Programa de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones», cuya creación fue aprobada en junio para abordar una problemática generada por el accionar de bandas narco.
«Es una manera de seguir luchando contra las mafias en Rosario. La ordenanza establece un puente entre el problema y la solución, que en parte tiene la Justicia, por eso valoramos la presencia del jefe de los fiscales y de los equipos de la Municipalidad y la provincia», dijo Roy López Molina, vicepresidente primero del cuerpo y titular de la Comisión.
El presidente del bloque Cambiemos y autor de la iniciativa describió además que el delito por usurpaciones mutó. «Ya no es lo que conocíamos. No surgen sólo de un conflicto entre vecinos o de apropiación de espacios públicos. Hoy es parte de las acciones criminales perpetradas por bandas organizadas. Se trata de poner a las viviendas, entre otras cosas, al servicio de la venta de estupefacientes», indicó.
En ese sentido, durante el encuentro Serjal señaló que en lo que va del 2020 trabajaron sobre casi 190 denuncias por usurpaciones entre el accionar de grupos, problemas civiles y ocupaciones ilegales de terrenos. Un relevamiento de 2019 establecía una cifra en el orden de los 100 casos en 10 meses, con unos 130 acusados formalmente.
El Fiscal Regional informó, además, que en los últimos días el Ministerio Público de la Acusación desbarató a un grupo con base en zona norte dedicado a delitos violentos, entre ellos usurpaciones. Se suma a investigaciones anteriores en Nuevo Alberdi y los barrios La Tablada y Municipal, entre otras zonas cuyos vecinos son víctimas y requieren de la presencia del Estado. «Lo que hacemos es un aporte desde nuestro lugar para fortalecer ese abordaje», sostuvo al respecto el edil.
Junto a López Molina y Serjal estuvieron los concejales que integran la comisión y, mediante videoconferencia, Martín Illia, coordinador de la Secretaría de Género y DDHH; y María Laura Pasquero, directora del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo.
«La aprobación de la ordenanza y la reunión se enmarcan dentro de un compromiso real por parte de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo de discutir y poner en agenda temas estructurales vinculados a la seguridad de todos los rosarinos», concluyó López Molina.
