Un decreto aprobado en el einto de sesiones de la concejala Norma López, del Frente de Todos-PJ, a quien acompañaron Lisandro Cavatorta, Silvana Teisa y Julia Eva Irigoitía, de Todos Hacemos Rosario, y María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, que solicita al Departamento Ejecutivo que informe “cuántas actas se labraron en los últimos 6 meses imputando la infracción sancionada en el artículo 301, inciso A del Código de Convivencia, con la pena agravada establecida para cuando el presunto infractor se sirve de aplicaciones móviles o de cualquier medio digital de alcance o uso masivo”.
Se consulta también si en un operativo efectuado en la mañana del pasado 26 de marzo en avenida Eva Perón 5525 “ante la detención de un presunto infractor prestador del servicio Uber” no se consignó el agravante contemplado en la normativa vigente por la utilización de la citada aplicación.
Y en el mismo sentido “si vecinos de la ciudad aportaron previamente pruebas adicionales a los encargados del operativo para acreditar la prestación del presunto infractor a través de la app Uber y si se recibió el testimonio de la pasajera que era transportada al momento de labrarse el acta, dejando en su caso constancia del mismo”.
Por otra parte, se consulta si los agentes de Control de Proximidad poseen conocimiento sobre la normativa vigente ante estos casos y se encomienda al Departamento Ejecutivo para que se capacite a los y las agentes del Área de Control de Proximidad en la normativa vigente y actualizada.
Se abstuvieron en este pedido los bloques Unión Pro/Juntos por el Cambio y UCR/Juntos por el Cambio e intervinieron en el recinto el concejal Carlos Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio y la autora del proyecto, la edila López.