Algo en Común El diario de Rosario
El Concejo Municipal aprobó este jueves una iniciativa para solicitar a la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe una pronta resolución al conflicto de competencia relativo al juez que debiera entender sobre el concurso preventivo de Vicentin, y señaló que debe tramitarse en Rosario para garantizar un proceso justo a la mayoría de los acreedores, que son del sur provincial.
Fue a partir de un proyecto del interbloque Cambiemos que integran los ediles Roy López Molina (presidente), Agapito Blanco y Marcelo Megna, y mientras el máximo tribunal debe definir si mantiene el concurso a cargo del juez Fabián Lorenzini en Reconquista o atiende el planteo de otras partes involucradas y antecedentes de fallos dictados por la Corte de la Nación.
«Es justo y coherente con la seguridad jurídica, la defensa en juicio y la igualdad de trato que debe existir para las partes involucradas que se resuelva a favor de la competencia de los Tribunales de Rosario, por ser nuestra ciudad y zona aledaña el lugar donde lleva a cabo la actividad principal del grupo empresario, nuclear la mayor cantidad de acreedores concursales y reclamos radicados y encontrarse los principales activos y operaciones jurídicas–comerciales», señalaron.
Los ediles recordaron que «de manera directa e indirecta el grupo empresarial emplea aproximadamente 6.000 personas, concentrando principalmente su actividad en el sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo en el cordón agro industrial del Gran Rosario y zona de influencia, más allá de su sede en la localidad de Avellaneda».
Asimismo, remarcaron que «tiene sus oficinas más importantes en el Edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario y en Puerto Norte».
De Rosario y el cordón
«Casi la totalidad de acreedores comerciales por actividades principales del grupo empresario se encuentra al sur de la provincia (Rosario, Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y zonas aledañas a estas localidades), y ello se desprende sencillamente al analizar la procedencia y radicación de las empresas corredoras de granos que le suministraban materias primas a la hoy concursada, casi todas radicadas en Rosario», refirieron los concejales.
López Molina, Blanco y Megna sostuvieron además que «debe tenerse en cuenta la precedencia de reclamos por cobro de créditos interpuestos desde el estado de cesación de pagos hasta la resolución de apertura del concurso preventivo, donde la mayoría han sido expedientes radicados ante la justicia provincial de la ciudad de Rosario».
«La radicación actual del expediente en Reconquista implica un esfuerzo extraordinario para los acreedores de poder seguir el avance del proceso judicial, formular a tiempo las postulaciones o peticiones, y controlar de forma directa toda la producción de pruebas, informes, vistas e incidentes», indicaron, y plantearon que no se puede desconocer el poder que ejerce la empresa concursada en el norte provincial.
«Difícilmente pueda darse seguridad jurídica, defensa en juicio e igualdad de trato a los acreedores que concurren al proceso concursal, obligándolos a trasladarse a 492 kilómetros de la ciudad de Rosario para cualquier tipo de control o audiencia y/o convocatoria que se haga en el marco del proceso judicial, más allá de las razones marco anteriormente expuestas, resultando hasta complejo consultar las constancias materiales de los expedientes», concluyeron.
