Algo en Común El diario de Rosario
En la comisión de Gobierno se expresaron representantes de entidades que se muestran a favor y en contra de la iniciativa.
Desde el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” presidió este martes 18 de agosto, la reunión de la comisión de Gobierno la titular de la misma, Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, en tanto a través del videoconferencia participaron Roy López Molina y Renata Ghilotti, de Cambiemos; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Caren Tepp y María Luz Olazagoitía, de Ciudad Futura-FSP; Fabrizio Fiatti, de Creo; Verónica Irizar, del bloque Socialista; Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio, y Norma López, del Frente de Todos-PJ.
En el transcurso de la reunión y en dos bloques las y los concejales escucharon a representantes de diferentes entidades y organizaciones quienes expresaron sus opiniones a partir de la iniciativa originada en la comisión de Feminismos y Disidencias para modificar la ordenanza Nº 8.186 que establece el Protocolo de Atención Integral para las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
En oposición
Abrió las exposiciones Carlota López, de Abogados por la Vida Santa Fe, quien consideró “inconstitucionales” a los protocolos, dado que “es función del Congreso de la Nación, dictar los códigos en materia penal”, para aseverar que en este caso “se están afectando derechos, el derecho a la vida”.
En el mismo sentido marcó que es el Congreso quien dicta los códigos porque “ello hace que exista seguridad jurídica y los delitos sean los mismos en todas las jurisdicciones”. Más adelante aludió al conocido como fallo Fal, del año 2012, respecto al cual dijo que “la Corte Suprema excedió sus facultades y establece que el delito de aborto no es punible en todos los casos de violación y aconseja a los poderes ejecutivos que derribe las barreras fácticas y administrativas para la realización de las prácticas de abortos”. Estima que los protocolos “modifican el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, ampliando las causales” y considera que “este protocolo aún va más allá al hablar de salud psicosocial y potencial afectación de la salud”.
Precisó que “se invisibiliza al niño por nacer” y enfatizó que “no deseo para mi ciudad que se siga promocionando la muerte”.
Fue luego el turno de María Sol Srebot, del Frente Joven, quien explicó que trabajan en barrios vulnerables, aludió a la “falta de información” y dijo que las mujeres que allí viven “vienen a buscar ayuda y las reciben con abortos”. Sostuvo que “las políticas atienden a cuestiones ideológica” y narró dos casos particulares de jóvenes.
Planteó que “al Estado le interesa más que no haya embarazos que terminar con la pobreza” y dijo que “por ejemplo las jóvenes de Tiro Suizo, no necesitan abortos sino resolver sus problemas de pobreza y necesidades”. “Si la vida no es valiosa cuando empieza no es valiosa nunca”, marcó finalmente.
Adriana Ciciliani, presidenta de la Fundación de la Visitación, explicó que la entidad tiene por objetivo la fundación de los Hogares de la Ternura, “para acompañar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, que no tienen vivienda, que la familia, muchas veces le da la espalda y el padre a veces también”.
Indicó que hace 8 meses habían inaugurado el primer hogar y “en mayo, en plena pandemia, el segundo hogar”, para precisar que allí se las acompaña y se les da todo lo necesario para los primeros tiempos del bebé. Acotó que desde la entidad “ofrecen una opción que no ofrece el Estado que solo ofrece el aborto” y pidió que “se tengan en cuenta nuestros argumentos”.
Más adelante expuso Patricia Verónica Ferrero, de Médicos por la Vida, quien mencionó que “hace 20 años trabaja en el área de atención primaria de salud, acompañando a mujeres” para marcar que “interrupción y legal, son términos engañosos, porque no se interrumpe, se termina con la vida y legal no es porque no está autorizado en la Argentina.
Cuestionó Ferrero que la “ley obliga al médico a ofrecer el aborto a toda mujer embarazada, amenaza al médico a sufrir sanciones”, por lo que consideró que “limita la libertad de conciencia”. Igualmente consideró que “se utilizan recurso humanos y económicos para terminar con la vida, sin usarlos para terminar con problemas de pobreza o salud”. También indicó que de acuerdo a las estadísticas son más las muertes por diversas afecciones.
En tanto Damaris Guzzo, de la Red de Acompañamiento a la Mujer, hizo referencia a la tarea que realizan de “contención en todos los ámbitos a la mujer embarazada” y se expresó “en contra de los protocolos que van en contra de la vida” para sostener que “el Estado debe ofrecer alternativas que no sean el aborto, sino la vida”.
Sostuvo que “el acompañamiento es efectivo y puede cambiar la realidad de la mujer”. Dijo que “se invisibiliza al niño por nacer” para agregar que “sabemos que el aborto es una tragedia, que la mujer difícilmente pueda superarlo y deja secuelas”.
Finalmente habló Gustavo Volpe, de Rosario Te Quiero Pro Vida, quien agradeció la posibilidad de “escuchar la otra voz en este tema” para marcar que “no puede ser que la única solución sea abortar”.
Afirmó que “no es un tema para tratar en estos momentos, con la pandemia” y lo consideró “una provocación”. Dijo que “somos personas de familia, pacíficas, que estamos a favor de la vida” y planteó que “tendremos que salir a la calle si no se nos escucha”. Igualmente dijo que “el Estado deberá centrarse en las necesidades de la pobreza, dado que en los barrios la situación es cada vez más compleja”.
A favor
Para expresar su apoyo a la iniciativa inició las intervenciones, Raquel Tizziani, de la Red de Profesionales por el Derecho a la Salud, quien dijo que el protocolo “es una herramienta de trabajo que utilizamos”.
Recordó que Rosario fue el primer lugar en el país en contar con un protocolo, en el 2007, la ordenanza Nº 8.186, previo a del Ministerio de Salud de la Nación, del 2010, modificado en el 201.
Planteó posteriormente que “en el marco de la pandemia existe un incremento de las dificultades para acceder a los derechos” y mencionó “el desabastecimiento de métodos anticonceptivos y de barrera”, al igual que situaciones de reducción de recursos humanos y de puestos jerárquicos. Dijo igualmente que esas situaciones, como “la pérdida de referentes territoriales hace que las mujeres no puedan acceder en tiempo y forma”.
Seguidamente expuso María Petracaro del colectivo Mujeres en Tribu, quien expresó el apoyo “al protocolo que estamos debatiendo” para considerar que “el aborto y los derechos en el parto, son dos puntas del mismo hilo”.
Reafirmó la decisión “libre de las mujeres de abortar o sobre como gestar”.
Luego, Juliana Faggi, del Observatorio de Violencia Obstétrica, dijo que el mismo tiene por objetivo ofrecer información sobre sexualidad, embarazo y crianza, definió a la violencia obstétrica y aludió a la “soberanía sobre nuestros cuerpos” para consignar que “es una decisión patriarcal la que impone la maternidad como destino único.
Aludió a la importancia de la educación sexual y consignó que “”no hay parto respetado sin aborto legal”, para indicar que “donde no hay igualdad hay violencia siempre”.
Por el cuerpo estudiantil de Nuevo Encuentro habló Martina Calzada, quien también hizo referencia a la aplicación de la educación sexual integral (ESI) y del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE). Reclamó la necesidad de “seguir construyendo desde los pisos que ya tenemos”-
Por último Naiara Rossi, del Frente de Mujeres de La Cámpora, recordó que “la ciudad es un ejemplo en la aplicación del ILE, por lo que no se puede ir para atrás” y bregó “para que siga funcionando”.
Tras las diferentes organizaciones la concejala Tepp recordó la tarea desde la comisión de Feminismos y dijo que dado que Rosario “fue pionera” en la temática se consideró más apropiado que adherir a la normativa nacional, modificar la ordenanza actualmente en vigencia y anexar el protocolo. Pidió darle “prioridad” al tema.
A continuación, el concejal López Molina, tras indicar que “no voy a hacer referencia a la cuestión de fondo porque no es el ámbito adecuado”, planteó la preocupación respecto a diversos puntos de la iniciativa en discusión.
Aludió a errores de técnica legislativa o gramatical y marcó su preocupación respecto al “concepto de riesgo a la salud, dado que no es claro”.
También expresó sus reparos al tratamiento respecto a las menores de entre 13 y 16 años, especialmente en cuanto habla de “allegados” o “referente afectivo”.
Igualmente planteó lo relativo a los objetores de conciencia, y mencionó la diferencia entre la redacción del texto actualmente vigente y el que se propone.
La iniciativa quedó en estudio a partir de pedidos del interbloque del Frente Progresista.
