Personas condenadas por corrupción y otros delitos no podrán ser candidatas a cargos electivos y partidarios.
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías, encabezó este jueves la 14° sesión del periodo ordinario 140, donde se dio sanción definitiva a la ley conocida como «Ficha Limpia», que propone la modificación del Sistema Electoral de Santa Fe para que “se impida a aquellas personas condenadas por corrupción y otros delitos de carácter doloso, ser precandidato a cargos electivos o partidarios”.
La iniciativa modifica un artículo de la ley electoral y la ley orgánica de los partidos políticos. Dichos cambios establecen que quienes tengan condena en segunda instancia por la comisión de determinados delitos quedarán inhabilitados para ocupar esos cargos durante 10 años. Los delitos que se contemplan son: corrupción, abuso sexual, contra la libertad, violencia de género y deudores alimentarios morosos.
“Es un cambio trascendental para la política de Santa Fe, y nos acerca a los estándares internacionales de exigencias mínimas para acceder a un cargo público”, aseguró la diputada Ximena Sola.
“La sociedad nos está dando un mensaje contundente: si sos corrupto, no podés ocupar un espacio de representatividad en la política, y nosotros fuimos electos para velar por los intereses de esta sociedad, por eso esta ley nos debe generar alegría y esperanza, porque una política mejor es posible”, concluyó Sola.
Por otra parte, propuesto por los legisladores Pablo Farías y Oscar Martínez, se aprobó la ley de Derechos y Garantías de Víctimas del Delito y sus familiares, que dispone principios rectores que deben observar los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado y auxiliares de Justicia en relación con las personas que hayan sido víctimas de delitos.
Ley establece darle a la víctima un rol protagónico, con una mayor participación en las decisiones y garantizando un efectivo acceso a diversos derechos como el de asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad, y todos los demás derechos consagrados por la Constitución Argentina, los tratados internacionales de Derechos Humanos en el que el Estado nacional es parte y en particular lo establecido por la ley nacional de derechos y garantías de víctimas de delitos y sus familiares.
OTRAS INICIATIVAS
Propuesto por Cesira Arcando, se pide promover la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas del delito de trata y explotación en sus distintas modalidades dentro del territorio de la provincia. Y del diputado Alejandro Boscarol, se establece un ciclo lectivo mínimo de 190 días efectivos de clases, para todos los establecimientos educativos de la Provincia en los niveles inicial, primario y secundario.