Algo en Común El diario de Rosario
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la educación obligatoria como “servicio estratégico esencial”. En la votación el proyecto obtuvo respaldo con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones y fue girado al Senado para su sanción definitiva.
La norma, que en junio pasado logró unificar en Comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques del PRO, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades.
Al respecto, el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO) consideró que “el proyecto pone en el centro del debate educativo a los chicos, que son el corazón del sistema educativo”. “Tenemos que lograr un equilibrio para que los chicos puedan ser educados sin cercenar el derecho constitucional de huelga de los docentes”, agregó.
“Lo que decimos es que, en caso de una medida de fuerza, la escuela debe estar abierta, los directivos tienen que ser responsables de que eso suceda y debe haber una guardia para que reciban a los chicos”, explicó.
Sobre el dictamen de minoría se expresó la diputada Blanca Osuna (UxP), quien planteó que “el agravamiento del hambre y desnutrición se traduce en la educación y los resultados”. “Los docentes están sin inversión en el Fondo Nacional de Incentivo, sin libros, sin computadoras y sin aportes para conectividad”, advirtió Osuna.
En tanto, Vanina Biasi (FIT) criticó el dictamen de mayoría. “Quieren llamar esencialidad a prohibir el derecho a huelga, pero este gobierno subejecutó todos los programas educativos, recortó los libros, recortó el FONID y recortó el 20% del salario a la docencia”, enumeró.
Financiamiento de universidades
Otro proyecto de ley que se puso en consideración fue el de Financiamiento de Universidades Nacionales. En este caso se votó el segundo dictamen de minoría con modificaciones propuestas por la UCR y Unión por la Patria respecto a la recomposición de salarios desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el INDEC; la incorporación de dos actividades: fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades; y fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria; aumento del monto de las becas, entre otras. La norma contó con el apoyo de 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.
Como miembro informante del dictamen de mayoría, Blanca Osuna (UxP) destacó que “este proyecto de ley plantea que se instruya al Gobierno Nacional de la asistencia financiera de universidades, pero además se refiere en el programa a 26 actividades específicas”.
Por su parte, el diputado José Luis Espert (LLA) explicó que “en términos reales el presupuesto educativo crecería 10%, no hay ningún ajuste». Además, señaló que “el diálogo con las universidades está vigente”. “El gobierno está gestionando y solucionando problemas heredados en educación superior”, agregó Espert. Y concluyó: “No podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero”.
Por otro lado, con respecto a otro de los dictámenes de la minoría, la diputada Danya Tavela (UCR), explicó que «si queremos consolidar nuestra economía este es un tema que debemos debatir». Por la misma propuesta, Maximiliano Ferraro (CC) explicó que «establecimos criterios de distribución presupuestaria para las universidades, criterios de actualización de salarios docentes y no docentes, cuestiones que hacen a la transparencia, el seguimiento y la evaluación de los recursos»
Por último, desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo abogó por que “este Congreso pueda permitir que las universidades puedan recomponer salarios”.
