El diputado nacional por Santa Fe expresó, que le hubiese correspondido a la provincia en 2021, si el gobierno nacional reforzaba partidas tan solo en el mismo promedio que lo hizo en el resto del país.
La situación fue advertida por el diputado nacional Juan Martín, quien denunció la discriminación del gobierno nacional con la provincia, que vive una aguda crisis de seguridad. “Más allá de los anuncios, las fotos y las declaraciones altisonantes, para resolver la crisis de inseguridad que vivimos los santafesinos, necesitamos hechos y recursos concretos”, subrayó el legislador de JxC.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Juan Martín afirmó que el gobierno nacional sigue discriminando a Santa Fe y puntualizó que la provincia, que atraviesa una profunda crisis de seguridad, quedó relegada en la asignación presupuestaria en materia de seguridad. “Los gendarmes que faltan son los $ 700 millones que Nación le retaceó a Santa Fe en 2021. Estos recursos son los que el gobierno de Alberto Fernández le tendría que haber enviado a Santa Fe si de mínima mantenía en nuestra provincia la sobreejecución promedio del presupuesto para seguridad que llevó adelante en todo el país”, apuntó el legislador radical en declaraciones periodísticas.
“Estos números que marcamos surgen de la lectura de cómo se ejecutó el presupuesto nacional en el año 2021. Allí vemos en principio, que obviamente se hizo un presupuesto dibujado en 2021, porque se estimó una inflación de 29% y fue cercana a 50%. Por eso tuvo que agregar partidas. Y en promedio, en seguridad, esa sobreejecución fue de 130%, es decir un 30% más de lo proyectado”, detalló Juan Martín.
“Lo paradójico es que pese a la situación que vive Santa Fe, y sus principales ciudades, con el avance del narco, los asesinatos duplicando o triplicando la media nacional, con robos, asaltos, entraderas, de esa sobreejecución a la provincia no vino un peso más. Si en cambio a otras jurisdicciones. En síntesis: en Santa Fe, Nación pautó invertir 3 mil millones de pesos y eso fue lo que destinó. Ni un peso más”, señaló el legislador.
“Lo contrario de Santa Fe -comparó- pasó en otras jurisdicciones, donde no se vive una crisis de seguridad como la de nuestra provincia. En esas otras jurisdicciones la ejecución del gasto ha sido muy superior a la presupuestada originalmente”. “En el tope de sobreejecución están la provincia de La Rioja (659%), San Luis (626%), Catamarca (458%). También observamos casos llamativos como el de Tucumán, donde hubo un incremento del 300%. En fondos eso significa que, por ejemplo, a La Rioja se le destinó la misma cantidad de recursos que a la provincia de Santa Fe: poco más de 3 mil millones de pesos.
A Catamarca, 2.700 millones de pesos. A Tucumán, 5.000 millones. No decimos que en sí mismo sea desatinado sumar recursos para seguridad en otras jurisdicciones, pero ¿por qué no sucede lo mismo con Santa Fe donde se vive una crisis aguda de seguridad?”, preguntó el diputado.
Juan Martín subrayó: “Ni siquiera estamos hablando de llegar a semejantes niveles de sobreejecución, que reiteramos, es un problema que se origina en subestimar la inflación y en la arbitrariedad del gobierno nacional para destinar recursos sin el más mínimo fundamento objetivo.
Pero con tan solo lograr el promedio nacional de se sobreejecución, la provincia en vez de $3.200 millones, hubiese recibido $3.900 millones. ¿Y para que hubiesen alcanzado esos 700 millones extra? Por ejemplo, para que en los últimos 3 meses del año 2021 lleguen 2000 efectivos federales aproximadamente. Lamentablemente eso no pasó, y ni siquiera se pudo cumplir con el envío de los 1.500 que prometió Aníbal Fernández en campaña”.
Finalmente Juan Martín, trazó similitudes entre lo que hace el gobierno nacional con el provincial. “Porque algo similar sucede en la provincia. La finalidad Servicios de Seguridad es la que menor ejecución tuvo, 105% contra la ejecución total del presupuesto del 140%, Servicios Económicos del 142%, Servicios Sociales del 133% o Administración Gubernamental del 110%. La finalidad Seguridad representó el 9,46% del presupuesto votado y el 7,1% del presupuesto ejecutado de la Administración Provincial. Por lo tanto, para el gobierno provincial parece que la seguridad tampoco es prioritario y en este escenario, es gravísimo”.