Diputada provincial alerta sobre el aumento histórico de la tarifa eléctrica en Santa Fe: «¿Quién paga la cuenta?»

La diputada provincial Amalia Granata cuestionó duramente al gobierno de Maximiliano Pullaro por imponer un ajuste «brutal» de hasta el 28% en las tarifas de electricidad. Según Granata, este incremento impactará directamente en las familias, comercios e industrias, quienes deberán afrontar un mayor costo de vida y enfrentar serias dificultades económicas. La legisladora sostiene que este ajuste no solo afecta el bolsillo de los santafesinos, sino que también pone en riesgo la competitividad de las empresas locales y agrava la situación de los sectores más vulnerables de la provincia.

La diputada provincial Amalia Granata anunció un fuerte alerta a los santafesinos respecto al aumento histórico de las tarifas de electricidad impuesto por el gobierno de Maximiliano Pullaro, a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Desde el 1° de enero de 2024, los residentes de Santa Fe enfrentan un ajuste que supera el 28% en las tarifas para hogares y comercios, con proyecciones aún más alarmantes: a partir de junio, las facturas se ajustarán mensualmente de acuerdo con la inflación (IPC).

Granata cuestionó la decisión del gobierno de aplicar este aumento en pleno verano, un periodo en el que muchos ciudadanos buscan sobrellevar las altas temperaturas con aires acondicionados y otros electrodomésticos, lo que, según la dirigente, podría interpretarse como una estrategia para evitar protestas masivas durante las vacaciones.

Los números del ajuste son contundentes:

·         Aumento del 28,1% para las familias.

·         Aumento del 28,8% para los comercios locales.

·         Aumento del 25% para la industria.

·         Aumento del 25,9% para instituciones.

·         Aumento del 7,9% para cooperativas.

Granata denunció que, aunque el gobierno mencione un «promedio del 24,8%», este ajuste es en realidad un nuevo impuesto encubierto que afectará principalmente a los trabajadores, jubilados y pequeñas empresas, poniendo en peligro su capacidad de pago.

La legisladora también planteó una serie de incógnitas sobre la medida. Preguntó por qué el ajuste se aplica en enero, un mes de calor y vacaciones, y cuestionó la falta de subsidios diferenciados para los sectores más vulnerables. Además, sugirió que el aumento podría estar relacionado con el financiamiento de «gastos políticos» más que con mejoras en la infraestructura eléctrica, dejando a los ciudadanos en una situación aún más crítica.

Granata destacó que este aumento afectará directamente a las familias, los comercios, la industria y las instituciones públicas como hospitales y escuelas, cuyo funcionamiento se verá resentido por el alza de las tarifas. Además, expresó su preocupación de que este ajuste se convierta en un ciclo de tarifas impagables, especialmente con la indexación por inflación que comenzará en junio.

Ante esta situación, la dirigente instó a los santafesinos a revisar sus facturas, compartir la información y exigir respuestas tanto a la EPE como al gobierno provincial, haciendo un llamado a la acción en redes sociales y en las calles.

«Este aumento no es solo un número, es el reflejo de un sistema que prioriza el poder político sobre las necesidades del pueblo», concluyó Granata.