Algo en Común El diario de Rosario
Mientras millones de argentinos sobreviven por debajo de la línea de pobreza, los senadores nacionales se aseguran ingresos que superan los 9,5 millones de pesos. La política del «sálvese quien pueda», en su máxima expresión.
Por: Jorge Díaz (cronista parlamentario)
En un país donde la desigualdad económica ya no es noticia, sino rutina, el último aumento aprobado por los senadores nacionales vuelve a encender la indignación colectiva. Mientras los jubilados eligen entre alimentarse o comprar medicamentos, y una familia tipo necesita casi dos millones de pesos mensuales para ingresar al umbral de la clase media, los legisladores se autoasignan sueldos astronómicos. ¿El mecanismo? Una cláusula votada a mano alzada y sin debate. ¿El mensaje? Claro: «los privilegios no se discuten».
Una realidad de dos velocidades, por un lado, el pueblo. Con salarios que no alcanzan, alquileres imposibles, inflación negada oficialmente y una canasta básica que escala sin freno. Según cifras recientes, una familia tipo necesita $1.840.530 para no ser considerada pobre, mientras que un jubilado apenas alcanza los $296.481,74 de su magro haber de mayo. A esto se suma la odisea del acceso a medicamentos, apenas aliviada por un amparo judicial que obliga al Gobierno a restituir 167 remedios gratuitos. Pero en la práctica, muchos adultos mayores siguen enfrentando la disyuntiva brutal entre salud o alimento.
Por otro lado, el Senado con discursos desconectados de la realidad, rodeados de aplaudidores profesionales y trolls en redes, nuestros representantes nacionales decidieron otra vez aumentar sus dietas.
El resultado, ingresos que superarán los $9.500.000 mensuales, tras el descongelamiento de sus sueldos vinculado a la paritaria del personal legislativo. Una jugada silenciosa, sin deliberación, que confirma que el “ajuste” no pasa por sus bolsillos.
El circo de la política, con entrada paga, no se trata sólo de números, sino de símbolos. Mientras el Gobierno intenta maquillar la inflación y disimula el deterioro social, los legisladores actúan como si estuvieran en una obra de teatro mal escrita, donde cada quien representa un personaje ajeno al drama del ciudadano común. Como en un gran circo, los actores se aplauden entre ellos, ensayan sus líneas en cámara, pero jamás pisan la calle de la realidad.
La distancia entre los representantes y del pueblo es cada vez más obscena. En países con mayor transparencia institucional, estos aumentos serían motivo de debate público, escándalo político e incluso renuncias.
Sin embargo, en la Argentina son una anécdota más de una clase dirigente blindada frente a la crisis. Mientras la población ve licuarse su salario por la inflación, los senadores atan sus ingresos a negociaciones ajenas y corporativas, perpetuando un sistema donde el privilegio se hereda y se multiplica.
La situación que viven miles de familias, y la indiferencia de los políticos, no alcanzan para describir la profunda fractura social que atravesamos. Ya no se trata de una crisis, sino de una estructura profundamente injusta, sostenida por decisiones políticas como esta.
El Senado debería representar al pueblo. Hoy, representa a una elite que legisla para sí misma, mientras millones de argentinos apenas sobreviven.
