Algo en Común El diario de Rosario
La iniciativa fue presentada en febrero de este año y, desde entonces, se llevaron adelante cinco reuniones informativas con los distintos actores involucrados en el proyecto.
En una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías, presididas por Paula Penacca (FdT) y Hugo Yasky (FdT), respectivamente, diputados dictaminó favorablemente sobre el proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios.
En ese sentido, Paula Penacca, una de las autoras del proyecto, destacó los aportes de los diferentes de bloques de la oposición y expresó «con esta iniciativa se trata de generar una mayor conciencia y establecer reglas claras sobre cuál debe ser el accionar de las fuerzas policiales, de seguridad y del servicio penitenciario».
A lo largo del tratamiento de la iniciativa expusieron ante los diputados, familiares de víctimas de abuso policial, trabajadores de prensa, sindicatos, integrantes del LGTBIQ+, organismos de Derechos Humanos, integrantes del Servicio Penitenciario Federal, del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la CABA, el Ministerio Público de la Defensa de la CABA, la Defensoría General de la Nación, la SENAF, SEDRONAR y el INADI. Por su parte, el presidente de la comisión de DD.HH y coautor de la norma, Hugo Yasky, consideró que «este proyecto se construyó de abajo hacia arriba, con amplia participación de las organizaciones que representan a los sectores que más sufren la violencia institucional».
En tanto, el diputado Alejandro Cacace (UCR) aseguró “es de enorme importancia debatir el proyecto de ley sobre violencia institucional para poder regular el ejercicio de las fuerzas de seguridad y resguardar los derechos de los ciudadanos” al tiempo que añadió “a todos nos une el propósito de dar respuesta a esta problemática¨.
Entre otras cosas, el proyecto propone la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela. Señala que se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión.
