Detallaron en el Concejo la presentación judicial por los incendios en las islas

En una reunión de la comisión de Seguridad expusieron los abogados Marcos Peyrano y Froilán Ravena, quienes realizaron la demanda de amparo colectivo en el marco de la Ley General del Ambiente, Nº25.675.

Presidió la reunión desde el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” la vicepresidenta de la comisión, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, a quien acompañaron los abogados Pereyra y Ravena. En tanto a través del sistema Zoom participaron el presidente de la comisión, Roy López Molina, de Cambiemos; Susana Rueda, de Rosario Progresista; Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario; Marcelo Megna, de la Unión Cívica Radical; Norma López, del Frente de Todos-PJ, y Caren Tepp, de Ciudad Futura-FSP.
El abogado Marcos Peyrano, de manera detallada explicó el amparo colectivo que presentaron primero ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario y luego ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que resolvió entre otras medidas prohibir las quemas durante 6 meses en las islas entrerrianas.
Indicó Peyrano que la presentación la efectuaron ante “la angustia y enojo como rosarinos” ante la situación que afecta a la ciudad por los permanentes incendios en las islas frente a Rosario.
De igual manera precisó que la presentación se realizó en el marco de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, cuyo artículo 7 indica que es competencia federal “donde se exteriorice el daño” por ello la presentación en el Juzgado Federal de Rosario, a lo que sumaron a la ley de amparo Nº 19.986.
Acotó que “lamentablemente la jueza se declaró incompetente y no intervino en la cuestión preventiva” por lo que, destacó Peyrano, se planteó el tema en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Allí resaltó que la Cámara declaró la “incompetencia en materia de acción por daños e indemnización”, en la que deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero “ordenó prohibir nuevos focos ígneos y genéricamente prohibió la generación de quemas”.
Destacó Peyrano que “hasta esta orden no estaban prohibidas las quemas”.
Por otra parte se plantea “profundizar y fortalecer el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas), dotarlo de recursos, que no ha tenido”.
Asimismo en el fallo se “ordena a las provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, a presentar un informe bimestral sobre lo realizado”.
En tanto y “por fuera del Piecas se ordena al Ministerio de Ambiente de la Nación a un sistema permanente y preventivo” de monitoreo y en tal sentido hizo referencia Peyrano a los “faros” de los que habló el ministerio nacional. Determina asimismo, agregó, un “mapeo de la zona” y cualquier otra medida en el marco de la prevención.
En este caso los ministerios de Ambiente y de Seguridad de la Nación, también deberán presentar un informe bimestral.
El doctor Peyrano indicó que igualmente dispone la realización de una audiencia con la participación de las tres provincias, los ministerios de Ambiente y Seguridad de la Nación; la Municipalidad y el Concejo Municipal de Rosario, la Municipalidad de Victoria, la Prefectura Naval Argentina y las entidades ambientalistas que estén trabajando en la zona.
Se fundamenta la audiencia en la necesidad de un “plan preventivo”, y además, agregó que plantearon que “se expliciten sanciones para casos de incumplimiento”.
En otro tramo de su exposición Peyrano consignó que en la presentación resaltaron el incumplimiento de la provincia de Entre Ríos, de sus propias normas, como la ley Nº 9.868, dado que “nunca se aplicaron multas superiores a los 300.000 pesos, cuando fija hasta 15.000 sueldos básicos de un empleado de planta permanente” del Estado entrerriano.
En el recurso presentado también solicitan la “atención y remediación de los daños” y en tal sentido proponen la creación de un Fondo Especial para Reparación de Daño Ambiental, que estará a cargo de la Municipalidad de Rosario, con el control del Concejo Municipal.
A su turno el abogado Froilán Ravena, precisó que en el aspecto penal se pidió respecto a la “posible desobediencia del gobierno de Entre Ríos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Resaltó que se requirió “se analice posible conducta criminal de algún funcionario de Entre Ríos”.