Algo en Común El diario de Rosario
Rosario/ Barrio Unión.
El operativo, encabezado por el Ministerio de Justicia y Seguridad junto al MPA, se realizó en Anchoris al 1600, zona norte de Rosario. Seis personas fueron detenidas. “No vamos a retroceder”, afirmó la subsecretaria Florencia Blotta al destacar la continuidad del plan provincial contra el microtráfico.
En una nueva acción contra el narcotráfico, el Gobierno de Santa Fe inactivó este miércoles por la mañana otro búnker de venta de drogas en barrio Unión, al norte de Rosario. El procedimiento, realizado en Anchoris 1663, entre Dr. Vila y Castagnino, fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de la Ley de Microtráfico, que habilita a la provincia a intervenir en delitos menores vinculados al narcomenudeo.
Con esta intervención, ya suman 79 los puntos de venta desactivados en toda la provincia, de los cuales 51 corresponden a Rosario, una de las ciudades más golpeadas por la violencia ligada al narcotráfico.
Durante el operativo, la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, destacó que la política del Estado provincial es clara: “No vamos a retroceder. Seguimos adelante con la inactivación de estos lugares, en coordinación con el MPA, para reducir los niveles de criminalidad”. Además, subrayó que el modelo santafesino “debe replicarse a nivel nacional”.
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— Diario Algo en Común (@AlgoEnComunSite) October 22, 2025
Por su parte, el fiscal Diego Giro precisó que se trata de la tercera intervención en ese mismo pasillo, donde los vecinos habían denunciado reiteradas actividades de venta de drogas. “Esta causa se viene investigando desde abril, cuando se realizaron los primeros allanamientos y aprehensiones en flagrancia. Luego, ante la regeneración del delito, volvimos a actuar, y ahora, en octubre, concretamos una nueva inactivación”, explicó.
El funcionario judicial informó que hay seis personas detenidas con prisión preventiva, todas familiares entre sí, y que dos más fueron condenadas mediante procedimientos abreviados. Además, aclaró que de los cinco departamentos ubicados en el lugar, tres fueron inhabilitados.
Finalmente, Giro señaló que si bien desde la Fiscalía se había solicitado el derribo total, la Justicia sólo autorizó la inactivación “para evitar la afectación de derechos de terceros titulares registrales”.
