Derribaron tres búnkeres en Villa Banana donde fue asesinado un policía federal

Rosario/ Barrio Villa Banana.

Los procedimientos se realizaron en uno de los sectores más castigados por la violencia narco en Rosario. Las intervenciones se concretaron a pocos días del crimen de un agente de la Policía Federal y forman parte de la estrategia provincial para desarticular puntos de venta de droga.

En una nueva acción contra las economías criminales que operan en Rosario, el Gobierno de Santa Fe supervisó este viernes la inactivación de tres búnkeres de venta de estupefacientes en barrio Banana, uno de los sectores históricamente más afectados por la violencia vinculada al narcotráfico.

Los procedimientos se desarrollaron en la zona de Gutemberg, entre avenida 27 de Febrero y Pasaje Gálvez, el mismo sector donde la semana pasada fue asesinado un efectivo de la Policía Federal Argentina durante un operativo relacionado con investigaciones sobre organizaciones dedicadas al comercio ilegal de drogas.

La intervención fue encabezada por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una política que busca desarticular los puntos de venta de estupefacientes y recuperar territorios que durante años estuvieron bajo la influencia de estructuras criminales.

Con estas nuevas acciones, la provincia alcanzó los 129 búnkeres derribados o inactivados desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, una herramienta que permitió transferir a la Justicia provincial la investigación de la venta minorista de drogas y agilizar los procedimientos judiciales.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, remarcó que la eliminación de estos espacios constituye una de las principales herramientas para combatir la violencia asociada al narcotráfico.

«Con estas tres inactivaciones llegamos a 129 procedimientos en toda la provincia. Estos lugares no son solamente puntos de venta de droga; son también focos de violencia y de muerte», sostuvo el funcionario.

Asimismo, destacó que la aplicación de la Ley de Microtráfico permite avanzar con mayor rapidez en las investigaciones y obtener resultados concretos en los territorios más complejos.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone explicó que los inmuebles intervenidos forman parte de una serie de investigaciones desarrolladas tras el asesinato del policía federal y de otras causas relacionadas con organizaciones narcocriminales que continúan operando en la zona oeste de la ciudad.

En ese sentido, Carbone detalló que durante los procedimientos se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos del barrio.

«Se secuestró material estupefaciente fraccionado para la venta, elementos de corte, balanzas de precisión y armas de fuego, todos elementos de relevancia para el avance de las investigaciones», precisó el fiscal.

Además, señaló que las evidencias reunidas permitieron solicitar el cese del estado antijurídico de los inmuebles, una medida judicial que impide que las propiedades vuelvan a ser utilizadas para actividades vinculadas al narcotráfico.

Respecto de la causa que investiga el crimen del agente federal y otras actividades ilícitas en el sector, Carbone confirmó que existen personas imputadas y con prisión preventiva.

«Son personas conocidas que continúan desarrollando actividades delictivas a través de terceros, ya que sus principales integrantes se encuentran detenidos», afirmó.

Asimismo, destacó que desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico se multiplicaron las investigaciones que permitieron avanzar sobre distintas estructuras criminales mediante detenciones, secuestros de armas y decomisos de drogas.

Las intervenciones realizadas en barrio Banana se inscriben dentro de una estrategia integral que combina investigación judicial, despliegue policial y demolición o inactivación de puntos de venta de droga.

De este modo, las autoridades provinciales buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones narcocriminales y disminuir los niveles de violencia que afectan a los barrios más vulnerables de Rosario.

Mientras las investigaciones continúan avanzando, la eliminación de estos tres nuevos búnkeres representa un nuevo paso en la disputa por recuperar espacios que durante años fueron utilizados para el narcomenudeo y que, según las autoridades, constituyen focos permanentes de delito, violencia y muerte.