Algo en Común El diario de Rosario
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y sindicatos de base acusaron a las empresas del sector de descargar la crisis sobre el empleo y los salarios, en un escenario de creciente conflictividad laboral.
En un contexto de fuerte tensión social y laboral, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y gremios locales del sector salieron con dureza a denunciar una ola de despidos, suspensiones y falta de pago de salarios que, según advirtieron, constituye un claro traslado del ajuste económico hacia los trabajadores y sus familias.
En ese sentido, el Consejo Directivo de la FTIA, encabezado por Héctor Morcillo, expresó su preocupación y repudio por la situación que atraviesan diversas empresas de la actividad, las cuales avanzan con medidas que golpean de lleno al empleo, los ingresos y la estabilidad laboral, anticipando un panorama particularmente crítico para miles de hogares.
Asimismo, la Federación declaró el estado de alerta permanente y enumeró los casos más graves que hoy mantienen en vilo al sector. Entre ellos, se destaca la situación de Lamb Weston (Alimentos Modernos), donde más de 100 trabajadores fueron despedidos en la planta de Munro, provincia de Buenos Aires. Según el gremio, la decisión resulta inadmisible tratándose de una empresa con solidez financiera, fuerte reinversión de capital durante el último año y una posición consolidada en el mercado.
Además, el cierre de esa planta y el traslado de la producción a Mar del Plata fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA Buenos Aires) como parte de un proceso de “industricidio”, impulsado por políticas de apertura indiscriminada de importaciones y la falta de protección a la industria nacional.
Por otra parte, la FTIA también apuntó contra Granja Tres Arroyos, a la que acusó de mantener una actitud hostil hacia sus trabajadores en plantas de Entre Ríos y Buenos Aires. De acuerdo con el gremio, la empresa adeuda salarios y aguinaldos, mientras alrededor de 700 puestos de trabajo se encuentran en riesgo.
Frente a este escenario, los conflictos fueron denunciados formalmente por los sindicatos de Alimentación y derivaron en audiencias ante el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de exigir soluciones inmediatas, el pago de los haberes adeudados y la preservación de las fuentes laborales.
En un comunicado, la FTIA fue contundente al afirmar que “los trabajadores necesitamos producción, empleo y salarios dignos”, y remarcó que el sector empresario está descargando el peso del ajuste económico sobre quienes viven de su trabajo, priorizando ganancias por encima de derechos básicos.
En consecuencia, la Federación anunció que, junto a los sindicatos de base, impulsará todas las acciones administrativas, legales y gremiales que sean necesarias para defender los derechos de los trabajadores de la alimentación, garantizar la continuidad laboral y asegurar ingresos que permitan el sostenimiento de las familias.
Este posicionamiento se suma a otros reclamos recientes del sector, como el conflicto en Alijor, donde el STIA Filial Buenos Aires resolvió profundizar las medidas de fuerza ante el incumplimiento en el pago de salarios y una propuesta salarial calificada de “irrisoria”. Allí, el gremio también denunció la falta de diálogo y la decisión empresaria de priorizar la rentabilidad por sobre la estabilidad laboral.
La FTIA reafirmó su compromiso con la unidad gremial y la defensa colectiva, y advirtió que, de persistir estas prácticas, la caída de la producción y los conflictos laborales podrían profundizarse aún más en la industria alimenticia.
