Algo en Común El diario de Rosario
Villa Gobernador Gálvez.
De la calle a las escuelas, los cuidacoches extorsionan con notas y CBU, mientras escalan con la apropiación de los espacios públicos, ahora amenazan a una escuela con dañar vehículos si no reciben pagos. La comunidad educativa, indignada ante un estado ausente.
La directora del Jardín de Infantes N° 236 Dr. Raúl Malatesta encontró una nota amenazante bajo la puerta del establecimiento, en Orán al 1100, Villa Gobernador Gálvez. El mensaje, firmado por cuidacoches, exigía dinero a cambio de «proteger» los autos estacionados en las inmediaciones de la escuela. Incluía incluso un número de CBU para transferencias, en un inédito salto de la extorsión callejera a la institucional.
Los sujetos, cuya identidad se desconoce, ya no se conforman con pedir monedas en persona, ahora dejan pruebas escritas y hasta datos bancarios. El texto, dirigido a la comunidad educativa, advertía implícitamente sobre posibles daños a los vehículos de padres y docentes si no accedían al pago.
La directora realizó la denuncia en la Comisaría 26ª, y la policía inició una investigación. Sin embargo, vecinos y familias dudan de que se avance: «Esto pasa hace años, los trapitos actúan con impunidad», lamentó un padre.
La ilegalidad tiene nombre propio: “cuidacoches”. No son trabajadores informales, son mafias que secuestran el espacio público y ahora hasta amenazan instituciones. Mientras el Estado discute teorías, padres y docentes, ya golpeados por la inflación, deben pagar un «peaje» para estacionar donde sus impuestos deberían garantizar seguridad y están cansados de este tipo de extorsión disfrazada de “servicio”.
La solución requiere medidas urgentes, desalojos efectivos (no simulacros), multas a quienes avalen este sistema pagando los «servicios», y una política de Estado que recupere las calles para los vecinos.
Promesas incumplidas y realidad cruda, pese al anuncio en 2023 sobre la erradicación de estos grupos –e incluso el absurdo proyecto de crear un «sindicato de trapitos»–, la realidad muestra su creciente control territorial. «Es un negocio ilegal que nadie frena», denunció una docente cuyo auto fue rayado por negarse a pagar. El caso evidencia que, sin acciones concretas, los cuidacoches seguirán escalando su modelo de extorsión, ahora con métodos más audaces como notas y hasta datos bancarios.
