Algo en Común El diario de Rosario
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Santa Fe explicaron que desde principio de año los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe sufren una sistemática reducción de salarios. La gran devaluación que aplicó el gobierno nacional apenas asumió fue un gran ajuste para todos los bolsillos.
El Gobernador Pullaro no reconoció en enero el acuerdo paritario firmado en 2023 y les quitó el 22% del sueldo. También Milei eliminó los aportes nacionales que iban directo al salario como el FONID a la docencia santafesina, sumado también a la quita de subsidios al transporte que se trasladó directamente al bolsillo de la ciudadanía.
Y ahora pretende congelar el salario por 3 meses (julio, agosto y septiembre) a la mayoría de los y las empleados provinciales, imponiendo un incremento muy por detrás de lo perdido en un contexto económico muy endeble, con una inflación que no se detiene y con precios en góndola que no bajan. Aplicando también métodos coercitivos, como son «premios» por no faltar o descuentos por luchar, pretende que trabajen lo mismo ganando cada vez menos.
El resultado directo de esto es llevar a los trabajadores a engrosar los porcentajes de pobreza de nuestra provincia (en las infancias llega a ser del 80%, según reciente estudio de la UCA). Hoy son trabajadores/as POBRES, afectando las condiciones materiales para garantizar derechos a nuestro pueblo.
Como lo venimos advirtiendo desde nuestra Central, mientras se ajusta a trabajadores en actividad y jubilados, la mayoría de los grupos económicos que concentran los principales mercados, han multiplicado sus facturaciones. Y tienen cada vez más privilegios. Como ser la histórica exención del impuesto al ingreso bruto, o créditos con tasas insignificantes, u obras planificadas y financiadas por el Estado provincial sólo para que puedan aumentar sus ganancias.
Nuestra provincia tiene enormes riquezas, pero las políticas económicas tienden a aumentar la desigualdad social, aumentando la brecha entre quienes más ganan y quienes menos tienen.
Nuestra provincia, con un paquete de medidas que plantee un mayor aporte impositivo de los sectores más enriquecidos podría revertir esta situación. Por ejemplo, se podría gravar con ingresos brutos a las 20 empresas agroexportadoras que más facturan. O también se podría recuperar la recaudación histórica del impuesto inmobiliario rural del 30%, con lo que se podría obtener 300.000 millones de pesos más que en la actualidad.
