Este miércoles 11, se realizó una nueva reunión en la que se trabajó sobre otros capítulos de la iniciativa enviada por el Departamento Ejecutivo.
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Presidió el encuentro para analizar el nuevo Código de Convivencia desde el recinto de sesiones la titular de la comisión de Gobierno, Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, y participaron a través de la plataforma Zoom, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Fabrizio Fiatti, de Creo; Susana Rueda, de Rosario Progresista, y Roy López Molina, de Cambiemos, y la subsecretaria Legal y Técnica municipal, Juliana Conti.
En el inicio de la reunión la concejala Magnani, leyó los ítems sobre los que se trabajaría en el marco del encuentro: protección general y cuidado del medio ambiente; faltas en materia de discriminación, protección de las mujeres y disidencias, infancias y personas con discapacidad, faltas sobre contaminación general, tratamiento de residuos, humo, gases, ruidos y vibraciones, arbolado público, control de plagas y vectores, cementerios, servicios fúnebres y equipos de elevación.
Gigliani
En su intervención la edila Gigliani consideró que debía agregarse a LGBTIQ el símbolo +, y respecto al ítem que refiere al acoso callejero planteó que se incluyera “como concepto lo establecido en la ley nacional Nº 26.485”, que lo especifica para el Código Penal y alude a “la violencia contra las mujeres en el espacio público”.
Al abordar lo relativo a la protección de las infancias, dejó en claro que “no existe norma específica, por lo que si no se establece alguna falta el apartado sería abstracto”.
En relación al tramo que hace alusión a “la recolección clandestina de residuos” expresó su “preocupación acerca de a qué se está refiriendo, si es a los recolectores informales, no lo comparto”, por lo que precisó que debería adecuarse la redacción.
Sobre el inciso b del artículo 230, que plantea multas de 25 a 200 unidades fijas (UF) en los casos que no se realice la separación de residuos advirtió que “no en todos los sectores de la ciudad existen contenedores que permitan a los vecinos realizar la separación”.
Más adelante y acerca del tema humo, gases, ruidos y vibraciones, indicó que “estamos en deuda en materia de ruidos” y mencionó que cuando se efectúan denuncias y concurre la Guardia Urbana Municipal (GUM) “no hay herramientas para medir vibraciones”. Consignó que “correspondería que el Departamento Ejecutivo mande un mensaje” sobre la temática.
Se explayó luego la edila Gigliani con relación a las sanciones vinculadas al arbolado público y planteó la necesidad que “el Estado desaliente la intervención de los particulares” sobre el mismo, y remarcó que corresponde una multa por cada árbol en forma individual.
Planteó igualmente acerca del arbolado sanciones para quienes coloquen “elementos extraños” en los árboles, y como ejemplo citó “clavos, alambres, parlantes”; igualmente para quienes “trasplanten árboles”, entre otros aspectos, sin autorización.
Consideró asimismo la necesidad de modificar la ordenanza de fondo que refiere al control de plagas. Propuso, en otro orden, agregar una falta por la no prestación del servicio fúnebre “económico” y precisó que “ese servicio económico no es ofrecido por las empresas funerarias”.
Pellegrini
En el inicio de su participación la concejala Pellegrini, indicó que “en la mayoría de las cuestiones” coincidía con lo expresado por la edila Gigliani. Sí sostuvo la necesidad de “reflexionar sobre el por qué de ciertos montos de multas que son elevados” y puso como ejemplo el artículo 216 que refiere a “el abandono, depósito o arrojo de desperdicios, residuos, líquidos, aguas servidas o enseres fuera de los contenedores de residuos urbanos, con multas de entre 75 y 3573 unidades fijas, equivalente a entre 6.800 y 32.600 pesos”.
Planteó la necesidad de “ordenar o reagrupar algunos artículos, que vienen de la vieja norma”, pero marcó que debería dársele entidad “a algunos bienes jurídicos”. En tal sentido marcó que “el primer título no debería ser faltas contra las autoridades, que debería ser el último y transformar el primer título en falta contra los bienes públicos, espacios públicos y el orden democrático”. En este último tramo aludió a una propuesta de su bancada y también a una iniciativa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que propicia “incorporar faltas sobre apología de delitos de lesa humanidad o negacionismo”.
Por otra parte indicó que el título que alude a medio ambiente debería redefinirse como ambiente en consonancia con las nuevas pautas al respecto.
Sobre acoso callejero consideró que debería incorporarse la definición que establece la ley nacional en tal sentido.
Acerca de “recolección clandestina” sostuvo que “no queda claro” a qué conductas se refiere, por lo que planteó otra redacción “para que no se penalice la conducta de recolectores informales”.
Magnani
La concejala Magnani expresó que desde su bloque proponen “en el punto que refiere a faltas contra las mujeres y diversidades incorporar una vía administrativa de denuncias para casos de violencia obstétrica.
Recordó que existe una ley nacional de parto respetado “pero no existe una instancia de denuncia” por lo que lo propicia “para que exista una instancia de denuncia por vía administrativa y que el Juzgado de Faltas puede establecer sanciones, no sólo económicas, sino también formativas”.
Aludió la concejala Gigliani a la ordenanza sobre parto y nacimiento respetado, para consignar “la dificultad que existe para constatarla” a esa denuncia, incluso en el marco de un juicio.
Insistió la edila Magnani que “la situación de pandemia agravó la situación y se naturalizaron prácticas violatorias de los derechos de las mujeres como el pago compulsivo de dos hisopados o el aislamiento en el momento del parto, por lo que si no hay una sanción resulta muy difícil revertir estas situaciones. Es un desafío pero hay que establecerlo” y en el mismo sentido consideró un desafío lo relativo a la penalización del acoso callejero.
Rueda
La concejala Rueda pidió respecto al acoso callejero que se contemple la posibilidad de “su inclusión en los supuestos para ser tratados por un jurado vecinal”. También lo propuso con relación a los casos de discriminación por raza o etnia y recordó las situaciones ocurridas en meses recientes respecto a inmigrantes haitianos y venezolanos.
López Molina
Marcó como “advertencia inicial” que deberían “ser eliminados” los artículos que “hablan de acciones u omisiones no contempladas, que sin definir acciones específicas establecen faltas”.
Requirió que “se incorpore como faltas contra los bienes y espacios públicos lo relacionado con cuidacoches” para plantear como “erróneo el criterio del Departamento Ejecutivo que lo trata como una falta cometida por peatones”.
Sobre el tema dijo que la acción de los cuidacoches o “trapitos” “altera la libertad o gratuidad” y destacó que “en definitiva el artículo 297 no define la conducta con claridad o pone todo en el marco de la prueba”. Acotó que “la prueba de un acto extorsivo no aborda a las organizaciones que ocupan espacio público y que recurren a la violencia o la intimidación para exigir dinero”. Planteó “agravantes para el caso de ser en determinados eventos deportivos” o “de manera organizada como ocurre en Pichincha”.
Estimó que faltas títulos en materia de contaminación y al respecto propuso agregar lo relacionado con el incumplimiento de la ordenanza que regula la entrega de bolsas plásticas.
Acerca de las vibraciones estimó que “hace falta una regulación específica”; por otra parte, estima que en lo que se refiere a obras “contiene faltas muy diversas entre sí”, entre las que mencionó la relacionada a incumplimientos de convenios urbanístico o mantenimiento de veredas.
También aseveró que “debería ser especificado el concepto de fraude bromatológico”.
Fiatti
En sus intervenciones el edil Fiatti consideró “un aporte valioso” lo planteado por la concejala Pellegrini con relación a la recolección de residuos.
Acerca del espacio público mencionó que “hay materia de competencia penal y de control del espacio público” para ratificar “el enfoque del Ejecutivo en cuanto a no tolerar ninguna conducta extorsiva”.
Sobre vibraciones dijo que el artículo 241 “intenta captar el fenómeno de las vibraciones” para luego “avanzar en una normativa especial sobre el tema”.
La subsecretaria Legal y Técnica municipal, Conti, coincidió con Fiatti en cuanto a que sobre el tema cuidacoches “existen cuestiones en las que tiene competencia la justicia penal” y sobre la dificultad probatoria.
Consideró “importante” la oportunidad para avanzar en el tema vibraciones, y en cuanto al planteo de la edila Magnani acerca de violencia obstétrica expresó sus dudas sobre la competencia municipal en la materia, “más allá que es un tema de suma relevancia”.
En los tramos finales la concejala Pellegrini expresó que “no estamos de acuerdo con la mirada criminalizante y punitivista” del edil López Molina sobre cuidacoches. A su vez el concejal de Cambiemos indicó que aludió a la temática porque en el proyecto integral que presentara de nuevo Código de Faltas incorpora la cuestión en “el capítulo de faltas contra el espacio público”.
Se acordó abordar en la próxima reunión de la comisión de Labor Parlamentaria si se harán uno o dos encuentros más para continuar con el análisis del Código de Convivencia. Acotó la edila Magnani que también se resolverá la fecha del próximo encuentro.