Algo en Común El diario de Rosario
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Susana Rueda, abrió la audiencia con trabajadores de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, Emiliano Scopetta, Cecilia Ferreyra, de División asuntos femeninos juveniles; Roberto Robert del Centro Socioeducativo Alvear y Andrea Silva del CERPJ: Centro Especializado de Responsabilidad de Justicia Penal Juvenil (Ex IRAR), quienes manifestaron la necesidad de ser escuchados en sus demandas laborales y en la garantía de los derechos de los jóvenes.
Scopetta, explicó que gracias a las anteriores reuniones lograron conseguir que baje la superpoblación.
A su turno, Roberts agregó que los espacios de puertas abiertas, como el socioeducativo Alvear, continúan cerrados, por lo que considera fundamental visibilizar la situación para lograr su apertura en lo inmediato.
Sobre esto último, Silva informó que “al estar el socioeducativo de Alvear cerrado hace que el CERPJ tenga alojados cuarenta jóvenes, o sea estamos al límite de plazas disponibles, lo que ocasiona malestar tanto en los propios jóvenes por las condiciones en las que están, como en quienes trabajan allí, por ver afectada su capacidad operativa. Hay sólo dos trabajadores para contener a los 40”.
Y continuó: “Hay 6 sectores de convivencia de 6 plazas y uno que se agregó de 4 plazas, pero no se encuentra óptimo respecto a las condiciones de habitabilidad permanente. Colgamos frazadas en las ventanas para aislar el frío, no hay agua fría ni caliente para beber y no se cuenta con heladera”, detalló.
Ferreyra, tomó la palabra y mencionó que desde esta semana en la división femenina tienen internet y que antes tenían tres mujeres pero hoy solo se encuentra una sola alojada. Además contó que hay perspectiva de realizar algunas construcciones que se están presupuestando. Sí lamentó que no exista un acuerdo interministerial para que las jóvenes alojadas allí puedan acceder a la educación. Por otra parte, cuestionó que todavía existen trabajadores sin vacunar.
En los tramos finales de la reunión, Scopetta remarcó que “el peligro es que el ex IRAR vuelva a ser hegemonizado por el servicio penitenciario y deje de ser civil” y continuó: “Trabajamos para que esos jóvenes puedan reincorporarse a la sociedad con otro tipo de convivencia, desde otra perspectiva”.
Scopetta lamentó que se confunda el trabajo de un agente civil que trabaja para la convivencia del de uno del sistema penitenciario. “La relación de los pibes con la fuerza de seguridad reproduce una lógica tumbera”, sentenció y propuso: “Nos debemos un debate sobre qué tipo de sistema penal juvenil queremos en Santa Fe”.
López recogió el guante y mencionó que la situación de vulnerabilidad en jóvenes en conflicto con la ley penal es de mucho tiempo y donde estuvieron muchos gobiernos de diferentes partidos. “A nosotros, los concejales nos interesan cómo funcionan esos espacios y la situación de los trabajadores” y finalizó: “Estoy a disposición de colaborar en mejorar todo esto, pero hay que aclarar que es una deuda que viene de muchas gestiones anteriores”.
