Durante la reunión de la comisión de Producción y Promoción del Empleo, realizada el martes 3 de octubre en el edificio anexo “Alfredo Palacios”, los ediles analizaron un proyecto que contiene, entre otras cuestiones, un programa de reinserción y reparación que busca garantizar “cupos laborales para familiares y víctimas de la inseguridad en conjunto con el sector público y privado”.
Detrás de esta iniciativa se encuentra las organizaciones que integran la Asociación Civil de vecinos, familiares, y víctimas de inseguridad, entre ellos Ezequiel Lowden quien se presentó y promovió la iniciativa junto a Romina -familiar de una víctima fatal de un hecho de inseguridad-.
En cuanto a los funcionarios municipales, se hicieron presentes el coordinador general de la Secretaría de Género y DD.HH., Martin Illia; y el director de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas, Gonzalo Bonifazi. En tanto, la reunión fue conducida por la titular de comisión Silvana Teisa, de Trabajo y Dignidad; la acompañaron las edilas Julia Irigoitia, de Todos Hacemos Rosario; Nadia Amalevi, de Arriba Rosario; Caren Tepp, de Ciudad Futura; Susana Rueda, de Rosario Progresista; y Ana Laura Martínez, de Unión PRO-Juntos por el Cambio.
Martín Illia explicó, y más allá que no objetó el espíritu del proyecto, contó su análisis junto con la Dirección de Empleo del municipio. Sin embargo, cuestionó dar garantías por cupos; y aseguró que “esta instancia no debería estar”. En este sentido sugirió la creación de un programa de articulación laboral con los familiares de víctimas, a través de conectar oferta y demanda, u acciones de responsabilidad social empresaria, “pero no una nominación por cupo”.
Por su parte, Ezequiel Lowden describió las secuelas de quienes padecen hechos de inseguridad y cómo afecta esa situación para conseguir luego un empleo. “Si no es cupo, es darle una prioridad. La idea es que no sea un simple decreto”, puntualizó.
En otro orden Tepp defendió los alcances de la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas, proyecto del cual es autora junto con la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y la exconcejala Carola Nin. En esa ordenanza, que data del 2016 ya se fijaba la necesidad de generar mecanismos y espacios para la contención de aquellos que fueran víctimas directas e indirectas de la violencia urbana.
“Ya se trabajó el concepto, el empoderamiento de la víctima. Siempre propusimos atención y articulación prioritaria por parte del Estado”, agregó, al tiempo que anticipó que acompañará la iniciativa “si es para reforzar” en caso que hoy no esté ocurriendo.
Pidió no crear estructuras paralelas, y advirtió por los alcances de la definición de víctima.
Por su parte Irigoitia se refirió a las organizaciones, y a su rol de contralor; y coincidió con Tepp en no legislar en paralelo. En tanto, Amalevi valoró el rol de las organizaciones y familiares de víctimas que pretenden contar con una labor activa en la comisión de seguimiento, en el Consejo Asesor de Víctimas, y tener una participación más destacada. “No lo ven como una carga, es su lucha, es importante que ellos participen”, añadió.
Sobre el final, Rueda pidió que la instancia de monitoreo esté más concentrada, no en una mesa abierta; mientras que Teisa, en su carácter de presidenta de la comisión de Producción sugirió trabajar un texto definitivo que permita articular los intereses de las partes involucradas.
“Hay puntos no aceitados como por ejemplo el órgano de contralor”, concluyó.