Algo en Común El diario de Rosario
Pablo Cococcioni le respondió a Acuña que su denuncia demuestra «ignorancia» y le dijo que en 2007 «los presos estaban amontonados uno arriba del otro en las comisarías».
Ante las declaraciones del actual secretario de Asuntos Penales de la Provincia de Santa Fe con respecto al control de celulares en las Unidades Penales, es importante aclarar algunas cuestiones.
La prohibición de que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, con la consiguiente autorización para instalar inhibidores de señal, data de mediados de 2017. Se trata de leyes nacionales, cuyo dictado por las provincias sería inconstitucional.
Ya algunos años antes, y sin norma expresa que lo habilite, la provincia de Santa Fe avanzó en la compra de inhibidores de señal, lo cual nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (ENACOM), que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos.
En paralelo, se reformuló el diseño de los antiguos Grupos de Requisa, que pasaron a formar una unidad centralizada bajo la dependencia del Director General. Es decir, los requisadores dejaron de depender del director del penal, lo cual despertaba legítimas suspicacias.
La cantidad de celulares cuyo secuestro anuncia la actual gestión, es inferior al de unos meses atrás, cuando se encontraba aún el anterior gobierno y muy inferior en promedio a los 6000 que se secuestraron en 2019, los cuales se pusieron a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (APRAD) para su subasta.
Estamos hablando de un Servicio Penitenciario que aloja casi 7 mil reclusos. Producto de una política que superó definitivamente el problema de los presos en comisarías, actualmente más del 97% se encuentra dentro de las Unidades Penitenciarias creadas para ese fin.
Tanto los protocolos de requisa y los mandos superiores penitenciarios siguen siendo los mismos de la gestión anterior. También los requisadores lo son. Es decir que, con algunas variaciones menores, el Dr. Acuña mantuvo la estructura heredada.
Acusar a la anterior gestión de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señal es cosa de ignorante, y hablar de la supuesta decisión política de la gestión actual es una caradurez. Por supuesto, existen falencias y cuestiones pendientes, de los que deben ocuparse ahora para continuar mejorando. Cuentan para ello con recursos materiales y humanos, que desearíamos haber heredado nosotros en el 2007 cuando los presos se amontonaban uno encima de otro en comisarías atestadas, con policías ocupados en cuidar detenidos en vez de estar patrullando las calles.
Lo dijimos antes frente a otras operaciones, lo decimos ahora y lo seguiremos diciendo y demostrando con hechos, cada vez que utilicen la mentira y la falacia para intentar instalar un relato que no es tal. Hace 50 días que asumieron el gobierno, recibieron una provincia ordenada y funcionando. Ponganse a gobernar.
