Algo en Común El diario de Rosario
Un reciente informe de una reconocida fundación porteña señala que la baja de homicidios dolosos de bandas criminales en Santa Fe es de un “éxito relativo”, en ese marco, el diputado provincial, Carlos del Frade solicitó un pedido de informe al Gobierno provincial para saber si coincide con esos datos.
Asimismo, el diputado del FAS anexo otro proyecto pidiendo al Ejecutivo provincial que informe qué medidas se tomaron en torno a las acciones investigadas, detectadas y desarticuladas por la justicia federal en la localidad de Puerto Gaboto, vinculadas con el narcotráfico y relacionadas con bandas regionales latinoamericanas.
Es de público conocimiento el cruce entre el gobierno provincial y el diputado Carlos del Frade en torno a la baja de delitos en el territorio santafesino en el último tiempo. De hecho, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía ha trazado algunas dudas al respecto.
En ese marco, Del Frade abre otro capítulo al ingresar una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados provincial tomando como base las conclusiones del trabajo publicado por la Fundación de Investigación de Inteligencia Financiera, FININT, titulado: “Disminución de los homicidios dolosos de las bandas criminales dedicadas a la comercialización de drogas ilícitas en la provincia de Santa Fe.
Por lo pronto, el diputado le pide al gobierno de Maximiliano Pullaro informe si coincide con dicho informe que básicamente plantea que la disminución de delitos dolosos de las bandas criminales es de “un éxito relativo”.
Además, Del Frade anexa en su pedido al Ejecutivo que explique cuáles fueron los principales cambios operados en la política pública de seguridad en el departamento Rosario para disminuir los homicidios en un 61 por ciento, según los números oficiales de la administración provincial.
La Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera acaba de publicar un nuevo trabajo sobre la violencia en la provincia de Santa Fe, titulado “Disminución de los homicidios dolosos de las bandas criminales dedicadas a la comercialización de drogas ilícitas en la provincia de Santa Fe. Consideraciones sobre los resultados de la estadística criminal del primer semestre de 2024”.
Entre sus conclusiones advierte que la “significativa disminución de la violencia homicida producida por las bandas criminales dedicadas a la comercialización de estupefacientes y otros delitos graves en la provincia de Santa Fe es un éxito relativo de suma importancia, habida cuenta que no existe otro valor a resguardar más esencial en el campo de la seguridad que el de la vida humana”.
En términos estrictamente estratégicos, además, la disminución de los homicidios permite al decisor político adoptar medidas más sistémicas que contemplen la multidimensionalidad que poseen las amenazas de este tipo”.
Agrega que “la baja de homicidios atribuibles a las bandas criminales no significa per se el deterioro o disminución de su poder como amenaza ostensible a la seguridad, sino tan sólo una mutación en su forma de expresión”.
Debe recordarse que “el hecho de que las bandas criminales produzcan menos homicidios puede significar, eventualmente, que una fase del negocio ilícito haya culminado o se encuentre lo suficientemente madura para pasar a una instancia superior en la cual se incremente su capacidad para vender más drogas ilícitas, mejorar su economía subterránea, proyectar nuevos negocios ilegales e incluso lograr maximizar el negocio a través de la asociación con socios internacionales”, también detalla el informe de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera
Y sigue: “Aunque es muy probable que el aislamiento de los líderes de las bandas criminales detenidos en las cárceles tanto provinciales como federales junto a la implementación de prácticas de saturación en el ´policiamiento´ de las áreas urbanas más críticas sean factores con capacidad de incidir en el retraimiento de la violencia de los actores delictivos mencionados, es necesario siempre tener presente que la acción de agrupamientos criminales es también objeto de tratativas, arreglos y acuerdos extralegales que tienen por función establecer nuevos balances y equilibrios (aunque sean precarios) entre los responsables de los subsistemas de seguridad (no sólo el vector policial) y los propios miembros que conforman este tipo de delincuencia de grupos”.
Por ello, “es muy importante que, además de realizar el consabido accountability de las medidas tomadas para comprender cuáles son los resultados obtenidos, deba ponerse el foco en este management subterráneo del delito para comprender en qué medida resulta sustentable y aceptable”, aconsejó la FININT.
En ese sentido, Del Frade remarcó que, para su banca, “es fundamental conocer la posición del gobierno provincial con respecto a este análisis y, por otro lado, conocer con precisión qué medidas se tomaron para cambiar la realidad de los homicidios en el departamento Rosario a fin de mantenerlas y profundizarlas”.
Puerto Gaboto
Asimismo, el diputado del FAS anexo otro proyecto pidiendo al Ejecutivo provincial que informe qué medidas se tomaron desde el gobierno santafesino en torno a las acciones investigadas, detectadas y desarticuladas por la justicia federal en la localidad de Puerto Gaboto, (departamento San Javier), vinculadas con el narcotráfico y relacionadas con bandas regionales latinoamericanas como el Primer Comando Capital.
En ese sentido, Del Frade recordó que el lunes 12 de agosto, diferentes medios de comunicación informaron que la justicia federal santafesina procesó a un productor agropecuario entrerriano, Leonardo Airaldi, por el almacenamiento de casi 30 kilos de cocaína, incautada hace dos años, en la localidad de Puerto Gaboto, en la casa de un peón rural que era su empleado y está prófugo.
El hecho investigado se remonta a dos años atrás, cuando el 10 de agosto de 2022 la policía provincial “incautó un cargamento de casi 30 kilos (29.491,81 gramos) de clorhidrato de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, una localidad costera ubicada en el departamento San Jerónimo, 120 km al sur de la ciudad de Santa Fe”, apuntó el legislador rosarino.
Y agregó que, en dicha oportunidad, “la justicia penal del departamento San Lorenzo había ordenado un allanamiento de la casa de calle Solís 646, donde vivía un peón rural identificado como Diego Alberto Torres, quien actualmente permanece prófugo. A Torres, alias “Pete”, se lo buscaba por una denuncia por amenazas calificadas por uso de arma de fuego, en perjuicio con una mujer con la que mantenía un conflicto por una propiedad familiar”. En esa oportunidad se encontraron 28 paquetes envueltos en cinta de embalar azul con la foto de un avión con la inscripción «Emirates» -bajo el cual se leía «QATAR»-. “La droga estaba debajo de una cama de dos plazas, ubicada en una habitación contigua al comedor”, mencionó el legislador.
Además, la causa cuenta con un tercer implicado, titular de una camioneta Toyota Hilux, dominio AE787IU, que estaba estacionada delante de la casa de Torres el día del allanamiento. Se trata de Adrián Claudio Bruno. “también mencionado en otra causa por estupefacientes”.
De las tareas de inteligencia previas surgió que Torres trabajaba como “puestero” en una isla ubicada entre Santa Fe y Entre Ríos, sobre el río Paraná. La Policía de Seguridad Rural Los Pumas realizó tareas de observación y describió un puesto, donde había una casa de paredes blancas, una antena de unos 15 metros y corrales para la cría de
“Es fundamental saber qué medidas tomaron las autoridades del gobierno provincial en relación a este desarrollo de operaciones de bandas regionales latinoamericanas”, exigió Del Frade.
