Algo en Común El diario de Rosario
La senadora nacional de Juntos por el Cambio elevó un proyecto de Ley que propone penas de hasta cuatro años de prisión a quienes bloqueen actividades comerciales e industriales. “Las amenazas y la violencia exceden el derecho a la huelga”.
La crisis económica y política del país tiene su correlato en las actividades de comercios y empresas que, además de soportar las dificultades propias de un proceso inflacionario en escalada constante que deviene en aumentos de precios y una depreciación del valor del trabajo, deben convivir, en muchos casos, con el accionar de grupos, sindicalizados o no, que obstaculizan el normal desarrollo de sus actividades.
“Sabemos que la situación es crítica y muy difícil para muchos argentinos, pero necesitamos desde hoy mismo empezar a construir un país en donde las leyes sean respetadas, en donde prime el derecho a trabajar y en donde podamos manifestarnos sin que se lleven adelante daños, amenazas, extorsiones y aprietes”, señaló la senadora al explicar las bases de su proyecto de Ley que busca garantizar el derecho al trabajo, imponiendo de dos a cuatro años de prisión a quienes impidan o entorpezcan el normal funcionamiento de comercio, industrias y servicios mediante acciones coercitivas e ilegales como el bloqueo al libre acceso y salida de personas y vehículos.
Además de las penas citadas, si el bloqueo fuera promovido o instigado por un representante gremial, la iniciativa supone su inhabilitación especial por doble tiempo para ejercer su representación sindical.
“Lo que buscamos es ponerle un freno a las intimidaciones que sufren, tanto los empleados que quieren y necesitan continuar trabajando, como proveedores que temen por su seguridad y la de sus vehículos y cargas”, agregó.
“Sabemos que muchos trabajadores están viviendo momentos críticos, pero las cosas tienen que ser claras y debemos trazar una línea entre lo que es el derecho a huelga y un bloqueo. Son dos cosas completamente distintas, una amparada por la Ley y la otra por fuera”.
Losada explicó que, frente a un contexto de crisis con vistas a agudizarse durante los próximos años, es fundamental la aplicación del derecho penal como medio para resolver conflictos, restablecer el orden y la paz social y prevenir situaciones de violencia.
“En cada bloqueo los representantes sindicales justifican su accionar amparados por los derechos constitucionales de huelga, pero no nos equivoquemos, ni nos dejemos engañar. El empleo de la fuerza, la amenaza y la violencia en una huelga es incompatible con el respeto de los demás derechos constitucionales que tenemos los argentinos”.
“Los problemas complejos tienen soluciones complejas, por eso tenemos que encontrar la forma de hacerlo en paz, respetando los derechos de los demás, siempre bajo las leyes de nuestra Constitución Nacional.
El caos, la violencia y el no respeto por la ley son enemigos de un futuro mejor para todos. En mi van a encontrar una defensora acérrima de la libertad, acompañando al sector que produce y quiere sacar este país adelante”.
