Algo en Común El diario de Rosario
La dirigente del Partido Obrero y de la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras, se refirió a la movilización independiente en este nuevo 3J, a 7 años del primer Ni una Menos, que tendrá lugar en Rosario.
La docente y socióloga se expresó: «Desde el estallido de las mujeres en 2015 contra los femicidios la situación lejos de revertirse se agravó. Las cifras de la Corte Suprema de las que se agarra el Ministerio de la Mujer para hablar de una mejoría parten de un sub-registro, ya que las causas por violencia de género son bloqueadas una y otra vez por la justicia. Es llamativo que el gobierno que pretende eximirse de sus responsabilidades en nombre de la necesidad de una reforma judicial feminista -sobre la que no se avanzó concretamente en nada-, se valga de las manipulaciones estadísticas de ese poder del Estado que es el más cuestionado por las mujeres víctimas de violencia, y por las madres que luchan contra el abuso sexual en las infancias. Las cifras de las organizaciones de mujeres que luchan relevan un femicidio cada 30 horas como sucedía bajo el gobierno de Cristina Fernández, bajo el cual se produjo el Ni una Menos, que ni Macri, ni Alberto Fernández pudieron revertir, a pesar de la demagogia, porque no hay asistencia real y efectiva ni se han removido las raíces de clase de la opresión que sufrimos las mujeres».
La referente amplió que “hace 7 años dijimos basta y gracias a aquella gesta masiva los femicidios pasaron a ser un tema político. Desde entonces, el Estado mostró que es parte del problema y no de la solución. Los datos indican que la provincia de Santa Fe se encuentra en el segundo lugar en casos de femicidio, solo detrás de Buenos Aires. No es casual que esto suceda en la provincia donde anida el narcotráfico y el gran delito, ya que el régimen narco tiene como blanco predilecto a los sectores más vulnerables de la sociedad que son las mujeres y la juventud, mayoría entre los pobres y desocupados. El Estado que reprimió a la comunidad Toba que reclamaba por pedacito de tierra para vivir, cuando el hacinamiento forma parte del caldo de cultivo de la violencia doméstica, es el mismo que protege esas redes delictivas”.
Y concluyó: “El fondo de la cuestión es la función social que los capitalistas y el Estado le asignan a las mujeres trabajadoras, en tanto cuidadoras y responsables últimas de la familia. El fardo de las tareas domésticas supone menos horas de trabajo formal, mayores despidos y arbitrariedades patronales, bloqueos para acceder a los trabajos calificados. El recorte en educación, salud y asistencia social, la pagan las mujeres con una sobre carga de trabajo no reconocido. Esto fomenta los vínculos de sometimiento y dependencia, un espiral de descomposición social que crece al calor de las violentas contradicciones que se agravan con el ajuste. Manda el ajuste del FMI y por eso las situaciones de violencia se agravan y complejizan».
