Algo en Común El diario de Rosario
La iniciativa la planteó el edil Carlos Cardozo, junto a otros integrantes de la bancada de Cambiemos.
Propician a través de un proyecto de ordenanza y un decreto diversas sanciones para personas físicas o jurídicos que “en ocasión de manifestaciones públicas, cometan delitos o contravenciones”.
Junto al concejal Cardozo suscriben la iniciativa el edil Agapito Blanco y las concejalas Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas y Agustina Bouza.
En su proyecto los concejales propician multas, clausuras de hasta un año, arresto, suspensión de subsidios municipales y la posibilidad de cancelar las prestaciones sociales provinciales y nacionales si las recibiera. En este caso se plante como alternativa la revisión de la pérdidas del beneficios en el caso que la persona o la entidad involucrada se ofrezca a realizar alguna tarea social ejemplificadora para la ciudad.
Consignan los ediles de Cambiemos que “si bien manifestarse es un derecho constitucional, el mismo no es absoluto y el ejercicio irrazonable de estos derechos, más aún cuando están motivados por intereses políticos a los esgrimidos públicamente, violenta no solo el derecho de libre circulación del resto de los habitantes, sino también de manera indirecta el de trabajar, comerciar, enseñar y aprender, entre otros”.
Más adelante expresan que “con el correr de los años, muchas de las actuales organizaciones sociales se han politizado, utilizando de manera abusiva el corte total o parcial de calles como modo de expresión, a los fines de obtener por este medio concesiones de diversa naturaleza”.
Recuerdan los ediles que la Municipalidad de Rosario destinó en el año 2018 una cifra de 121.736.406 pesos en subsidios sociales y culturales a personas y prevé para el corriente año que la suma alcance los 175.366.000 pesos.
En tal sentido el concejal Cardozo manifiesta que: “Nosotros creemos que estos recursos deben estar destinados a quienes realmente los necesitan y no a personas u organizaciones cuyos fines, muchas veces, no son genuinos y terminan afectando claramente a los trabajadores e incluso amenazando a quienes deciden cumplir con sus funciones”.
Al respecto en el proyecto se determina que “los beneficios, subsidios o aportes de cualquier naturaleza municipal que reciba el responsable del delito o contravención o la persona jurídica a la que pertenece serán embargables a los fines de la indemnización y reparación correspondiente”.
Se plantea también en la iniciativa que en la página web de la Municipalidad se incluya u listado completo en el que consten los subsidios, aportes no reintegrables o reintegrables parcialmente; exenciones de tributos y tasas; condonaciones de deudas; créditos promocionales; transferencias, cesiones de derechos sobre bienes muebles e inmuebles, al igual que cualquier otro beneficio económico sin contrapartida equivalente, otorgados por organismos y reparticiones del municipio, con recursos propios o de terceros, cuando éstos impliquen contraer deuda por parte de la ciudad.
Los ediles de Cambiemos precisan en el proyecto que “aunque esta información es de carácter público, el acceso a la misma no es en absoluto sencillo para los ciudadanos” y en tal sentido sostienen que: “La implementación de este listado redundaría en un sistema de control para los propios organismos públicos, en pos de prevenir la posible, y habitual, duplicación o superposición de subsidios a igual beneficiario por parte de distintas dependencias, así como en eventuales rendiciones de cuentas posteriores”.
