Algo en Común El diario de Rosario
Se trata de una iniciativa impulsada por la concejala María Eugenia Schmuck que busca limitar la permanencia de los corralitos en la vía pública.
“Es evidente que las interrupciones del tránsito por estas intervenciones en la vía pública generan múltiples perjuicios, afectando la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es elevar las multas para las empresas cuando rompan calles sin autorización, no señalicen obras o incumplan los plazos fijados para los trabajos, entre otras irregularidades» detalló Schmuck.
La iniciativa, que se impulsó inicialmente en 2014 junto al ex concejal Sebastián Chale, aún espera el despacho en la comisión de Obras Públicas. “Hemos recibido numerosos reclamos de vecinos que denuncian que los vallados no se retiran al finalizar las obras, sino que, en algunos casos, quedan durante meses en la calle o veredas”señaló la concejala.
Muchas empresas realizan obras en vía pública, no sólo EPE y Aguas Santafesinas, sino también firmas de telefonía, entre otras. En el caso de Aguas, por ejemplo, en 2009 se contabilizaron un promedio de 400 vallados; en 2013, 270; en 2014, 110; en 2015, 100; en 2016, 150 y en 2017, entre 100 y 200.
Schmuck consideró que los valores de sanciones deben ser actualizados, teniendo en cuenta especialmente los casos en los que se afectan los carriles exclusivos: “revisamos los montos de multa fijados por la ordenanza que regula las obras en vía pública y advertimos que son muy bajos, de entre 200 y 900 pesos diarios. Está claro que al ser tan bajos no resultan un incentivo suficiente para el cumplimiento de la norma. Por eso proponemos que, a partir de la determinación en Unidades Fijas (UF), una sanción que hoy va de 200 a 600 pesos diarios -como por ejemplo, el no cierre de acera o calzada por servicio domiciliario- pase a costar entre 166 y 498 UF, es decir, entre 4.500 y 13.700 pesos; y que para las infracciones que se realicen sobre arterias con carriles exclusivos, la multa sea la máxima estipulada, 582 UF equivalentes a 16.000 pesos».
“En estos casos hay que redoblar esfuerzos para acelerar los procesos de obra y de cierre de calzada, más aún en casos en los cuales, como en el carril exclusivo, la circulación se ve aún más afectada y se generan embotellamientos llevando a los conductores a realizar maniobras peligrosas y atentando contra la seguridad vial», finalizó.
