Algo en Común El diario de Rosario
El diputado provincial Carlos Del Frade presentó un proyecto para crear un Programa de Promoción Laboral Adulta destinado a personas mayores de 40 años sin empleo formal o estable. La iniciativa propone incentivos económicos para empresas que incorporen trabajadores de este sector y establece condiciones para garantizar puestos registrados y sostenibles.
Frente a las dificultades que atraviesan miles de personas mayores de 40 años para reinsertarse en el mercado laboral, desde la Legislatura de Santa Fe impulsaron la creación de un programa provincial destinado a promover nuevas oportunidades de empleo formal para este grupo etario.
La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Del Frade y plantea la creación del Programa de Promoción Laboral Adulta para Personas Mayores de 40 años, cuyo objetivo central será favorecer la inclusión laboral de quienes se encuentran desocupados, sin empleo fijo o fuera del sistema registrado.
En este sentido, el proyecto propone que el Estado provincial otorgue asistencia económica a micro, pequeñas y medianas empresas que incorporen trabajadores mayores de 40 años, con el propósito de incentivar la generación de empleo formal y reducir las barreras que enfrentan quienes buscan reinsertarse laboralmente.
Según establece la propuesta, podrán acceder al programa aquellas personas que cumplan una serie de requisitos: deberán estar inscriptas como postulantes, tener domicilio en la provincia de Santa Fe con al menos un año de residencia efectiva, no contar con empleo registrado continuo durante el último mes previo a la inscripción y no percibir jubilación, pensión o seguro de retiro.
Además, la iniciativa contempla que el beneficio sea compatible con otras asistencias sociales, como aquellas vinculadas a discapacidad o la Asignación Universal por Hijo, permitiendo que más personas puedan acceder a una oportunidad laboral sin perder otros derechos adquiridos.
Por otra parte, el proyecto establece condiciones para las empresas y entidades que quieran adherirse al programa. Las firmas deberán encontrarse correctamente registradas ante los organismos tributarios y de seguridad social, y no podrán haber realizado despidos de trabajadores durante los seis meses previos a la implementación de la ley.
Asimismo, las empresas participantes no podrán reemplazar trabajadores existentes bajo cualquier modalidad contractual por beneficiarios del programa, con el objetivo de evitar la precarización laboral o la utilización del beneficio como mecanismo de reducción de costos.
En cuanto a la cantidad de incorporaciones permitidas, el proyecto fija una escala según la cantidad de empleados registrados de cada entidad adherente. De esta manera, las empresas con hasta nueve trabajadores podrán sumar una persona; aquellas que tengan entre 10 y 19 empleados podrán incorporar dos; entre 20 y 29 empleados, tres; y las firmas con más de 30 trabajadores podrán sumar hasta cuatro beneficiarios.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la ayuda económica que aportaría el Poder Ejecutivo provincial. El esquema prevé que el Estado cubra un porcentaje del Salario Mínimo, Vital y Móvil, mientras que la empresa deberá completar la diferencia correspondiente al convenio colectivo de trabajo de cada actividad.
El programa estaría dividido en dos etapas. Durante los primeros seis meses, la asistencia estatal alcanzaría el 75 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Luego, desde el séptimo hasta el duodécimo mes, el aporte se reduciría al 50 % de ese valor.
Sin embargo, el proyecto establece una condición clave: la relación laboral iniciada mediante este mecanismo no podrá tener una duración inferior a dos años. En caso de que la empresa despidiera sin causa justificada al trabajador antes de ese período, podría recibir una sanción económica cuya reglamentación quedaría a cargo de la autoridad de aplicación.
De esta manera, la propuesta busca instalar en la agenda legislativa una problemática creciente: la dificultad de miles de trabajadores mayores de 40 años para volver al mercado formal luego de períodos de desempleo o inestabilidad laboral. Desde el proyecto se plantea que la experiencia y trayectoria de este sector deben convertirse en una oportunidad de inclusión y no en una barrera para acceder a un empleo digno.
