Algo en Común El diario de Rosario
Con proyectos que endurecen sanciones y habilitan arrestos, el debate volvió al Palacio Vasallo con fuerte respaldo político. Sin embargo, tras años de intentos fallidos, sectores de la ciudadanía ponen en duda que la medida logre erradicar una práctica arraigada en la vía pública.
Por: Jorge Díaz – Cronista Parlamentario
En medio de una discusión que lleva años sin resolverse, el Concejo Municipal de Rosario volvió a avanzar con proyectos que buscan prohibir de manera expresa la actividad de cuidacoches, también conocidos como “trapitos” o “abrepuertas”. La iniciativa suma respaldo político y propone endurecer sanciones; no obstante, muchos rosarinos dudan de que, esta vez, la medida se haga realidad.
Por un lado, la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana dio despacho a un pedido de informe que exige al Ejecutivo municipal detallar, en un plazo de 30 días hábiles, la cantidad de denuncias recibidas desde el 1° de enero de 2021 por amenazas, extorsiones o intimidaciones vinculadas a la actividad; las actuaciones administrativas iniciadas; el estado de las causas; las sanciones aplicadas y el monto recaudado en multas, entre otros puntos.
El proyecto, presentado por el concejal Juan Pedro Aleart, sostiene la “necesidad de garantizar el uso libre, seguro, igualitario y no extorsivo del espacio público”.
En sus fundamentos, advierte que ningún ciudadano puede ser obligado a pagar por estacionar en la vía pública fuera de los sistemas oficiales autorizados, como el estacionamiento medido.
Prohibición expresa y arresto
Expediente N° 278084 – P – 2025 publicación Diario Algo en Común
Asimismo, la propuesta establece la prohibición total de la actividad en todo el ejido urbano, sin distinción de días, horarios o eventos. Además, modifica el Código de Convivencia para incorporar sanciones que van desde multas de 100 a 1.000 Unidades Fijas hasta arresto de hasta 15 días, no redimible por multa, en casos agravados.
Entre las circunstancias agravantes se contemplan la actuación organizada de dos o más personas, la exigencia de dinero bajo amenaza, la reiterancia o la presencia en inmediaciones de espectáculos públicos y eventos masivos.
Por otra parte, se faculta al Ejecutivo a realizar operativos preventivos permanentes, coordinar acciones con fuerzas provinciales y nacionales, utilizar sistemas de videovigilancia y actuar de oficio sin necesidad de denuncia previa.
El texto también prohíbe expresamente la creación de registros, padrones o mecanismos que impliquen regularizar la actividad. “El Estado municipal no puede legitimar ni tolerar prácticas ilegales”, sostiene el proyecto.
Otra iniciativa y creación de una unidad especial
Expediente Nro 278372 – P – 2026 Publicación Diario Algo en Común
A la par, los concejales Damián Pullaro, Ana Martínez y Pablo Gavira presentaron otra ordenanza que apunta en la misma dirección. En este caso, además de prohibir la actividad informal de cuidado de vehículos, proponen crear una Unidad de Intervención Territorial para el Uso del Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Control y Convivencia.
Dicha unidad tendría facultades para intimar el cese inmediato de la conducta, labrar actas, decomisar elementos utilizados, como conos o baldes para reservar espacios, y requerir colaboración policial en caso de resistencia o presunción de delito.
No obstante, el proyecto aclara que el objetivo “no es criminalizar la pobreza”, sino ordenar el uso del espacio público y prevenir prácticas extorsivas. En ese sentido, prevé la articulación con programas sociales para abordar situaciones de vulnerabilidad, aunque sin habilitar la continuidad de la actividad.
Un debate atravesado por la desconfianza
Sin embargo, más allá del impulso político, la iniciativa se inscribe en una larga lista de intentos previos que no lograron erradicar la problemática. Las reiteradas denuncias de vecinos, comerciantes y visitantes por amenazas, exigencias de dinero y apropiación de sectores de la vía pública siguen siendo parte de la escena cotidiana.
Incluso, en los fundamentos se recuerda que en el pasado se registraron episodios violentos, entre ellos la muerte de una persona por la disputa de un espacio.
Por eso, mientras el Concejo avanza con herramientas normativas más severas y promete controles efectivos, en la calle prevalece el escepticismo. Muchos rosarinos se preguntan si esta vez la prohibición será aplicada de manera sostenida o si, como ocurrió en otras administraciones, la norma quedará en letra muerta.
En definitiva, el debate no solo interpela la regulación del espacio público, sino también la capacidad del Estado municipal para hacer cumplir sus propias ordenanzas y dar respuesta a una demanda persistente de la ciudadanía.
